Buenas noticias desde la Asociación de Ayuda a la Dependencia

La Junta de Castilla y León anuncia que va a eliminar los crueles recortes que en 2012 aplicó sobre la Prestación por cuidados en el entorno familiar

Estos recortes dejaron las prestaciones en cantidades miserables, y generaron demasiado sufrimiento en la vida de las personas en situación de dependencia y sus familias

Transcribimos la nota que la Asociación de Ayuda a la Dependencia ha emitido internamente, donde además se reflejan los datos, importes y plazos que la Junta se marca para retroceder la injusta situación creada por su decisión de hace 6 años:

Estimados socios:
Como sabéis en estos últimos meses hemos mantenido varias reuniones en la Consejería de Familia.  Hoy  hemos estado con la Consejera de Familia y con el Director General de Políticas Sociales y nos han comunicado que  van a revertir el recorte que hicieron en 2012 de la Prestación de cuidados en el entorno familiar (PCEF). Esto quiere decir que solo tendremos el recorte del decretazo del gobierno central
La recuperación de la cuantía económica será en 2 años con carácter retroactivo desde enero de 2018 y se hará sobre la cantidad de referencia del Consejo Territorial
En 2018 recuperaremos el 70% de la cuantía:
GRADO III: 367
GRADO II: 254
GRADO I: lo que corresponda
En julio o agosto abonarán lo correspondiente desde enero de 2018 hasta la fecha
En 2019 recuperaremos el 30% restante:
GRADO III: 387 euros
GRADO II: 268 euros
GRADO I: lo que corresponda
La PCEF será compatible con el servicio de Asistente Personal (AP). Esto quiere decir que la prestación vinculada para la autonomía personal compatible con la PCEF ( la que gastamos en terapias) también será compatible con la AP. La cuantía de esta prestación será la misma pero lo podremos utilizar en terapias o en AP, o en ambas
En junio saldrá la Orden de la Consejería con este cambio
POR FIN HEMOS CONSEGUIDO LO QUE LLEVAMOS DEMANDANDO DESDE 2012
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Pero si algo hay que hace hoy es reconocer la perseverancia, el empeño, la reivindicación y lucha incansables que, desde la Asociación de Ayuda a la Dependencia, han llevado a cabo un grupo de mujeres admirables a lo largo de estos años. Su voz no se apagó nunca, no tiraron tampoco la toalla. Los derechos de sus hijos e hijas han sido su motor, han llamado a todas las puertas exigiendo dignidad, sin miedo, sabiendo que la razón las acompañaba

Y hoy lo han conseguido. ¡Enhorabuena y gracias por la lección de vida que nos han dado! Toda nuestra admiración por su dignidad y generosidad. Igual que aquellas personas que las han alentado y apoyado durante todo este tiempo

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Servicios Sociales, ¿asistencialistas o inclusivos?

Cuando en 1988 el Ministerio de Asuntos Sociales puso en marcha el Plan Concertado de Servicios Sociales con las Corporaciones Locales, se estableció que entre las prestaciones básicas se encontrarían la prevención y la inserción social.

La prevención hacía referencia a todas aquellas actuaciones de carácter instrumental dirigidas al conjunto de la población, para favorecer la implicación y el fortalecimiento de las redes sociales de una comunidad. Con la aplicación de estos procedimientos se esperaba evitar la aparición los factores potencialmente capaces de generar procesos de marginación y exclusión social, o eliminarlos si se diera el caso. Esta concepción sitúa la prevención en el nivel primario, procurando la promoción de actitudes de tolerancia, respeto y solidaridad.

El conjunto de actuaciones referentes a la práctica de la prevención presta especial atención al contexto social de los sujetos y su comunidad, favoreciendo una mayor comunicación e intercambio social, e impulsando cambios institucionales y estilos de vida, con el fin último de facilitar la transformación individual y social de esa comunidad. En este sentido, las acciones a desarrollar favorecerían la promoción de la participación, la animación comunitaria, la ocupación del ocio y el tiempo libre,… Como instrumentos para su aplicación se establecerían campañas de información y sensibilización, entre otros recursos, para lograr el fortalecimiento del tejido social de la comunidad.

El término de inserción social incorporaba todas las actuaciones dirigidas a facilitar la integración social de individuos, familias y grupos con factores asociados a la génesis de diferentes necesidades sociales, generadoras de diferentes problemas que inician, mantienen y consolidan las situaciones de marginación y exclusión social.

En aquel momento, el desarrollo de estas prestaciones básicas venía a dar un giro de 180 grados sobre la atención asistencialista a las necesidades sociales de las personas y colectivos sociales.

Mucho han evolucionado los servicios sociales desde 1988 hasta la actualidad. Se han ido incorporando nuevas prestaciones y recursos económicos, insuficientes para cubrir todas las carencias sociales, sin ninguna duda, pero que han aportado atención a las necesidades de muchas personas que estarían más desprotegidas si no existieran. Entre esas nuevas prestaciones habría que resaltar dos: las generadas por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y las Rentas de Inserción, que conceden las Comunidades Autónomas. Dedicando a ambas la mayor parte del presupuesto que las administraciones dedican a servicios sociales.

 

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Estas nuevas prestaciones han adquirido tal peso en los presupuestos de las administraciones que se puede afirmar que los servicios sociales han quedado reducidos exclusivamente a las mismas. Quedando la prevención y la inserción social exclusivamente en el ámbito de las declaraciones de intenciones y en la introducción de los textos regulatorios, pero sin destinarse presupuesto para ellas, ni desarrollando programas o actividades que las hagan posibles.

Prestar atención a las situaciones de dependencia o conceder prestaciones económicas a las personas que no tiene ingresos económicos, es medible a corto plazo. Los resultados de las actuaciones para prevenir las problemáticas sociales, o del trabajo por la inclusión social, no tiene resultados a corto plazo y es más difícil cuantificar los mismos. Es responsabilidad de los Servicios Sociales que las acciones se desarrollen en un sentido o en otro. Es lamentable comprobar que, generalmente, se buscan resultados que permiten explicar la gestión, antes de cada cita electoral.

La vigente ley de Servicios Sociales de Castilla y León incluye en su redacción la distinción entre prestaciones esenciales o no esenciales. Las primeras son de obligada prestación, teniendo que obligatoriamente disponer de dotación económica para que se puedan conceder. Esto que en principio es positivo, ha conducido a que la prevención y la inserción social hayan quedado como algo excepcional, no siendo obligatoria su prestación. La anterior ley hacía una apuesta clara por la intervención comunitaria. Algo semejante se ha producido en todas las Comunidades Autónomas.

Son muchos los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad: la llegada de inmigrantes, la competitividad como eje central de las relaciones personales, el consumo como principal objetivo en la vida, la influencia en la formación de nuestra opinión a través de los mensajes que nos llegan por las denominadas redes sociales. En definitiva, cambios sociales que es necesario modular para avanzar hacia la promoción de actitudes de tolerancia, respeto y solidaridad. Facilitando la integración social de individuos, familias y diversos colectivos sociales.

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La Plataforma Social de Valladolid convoca su 1ª Mención “Solidario Invisible”

Con ella, pretendemos visibilizar el trabajo de personas o asociaciones que, día a día, desarrollan su trabajo en favor de las personas más vulnerables, luchando además para que los servicios sociales que presten las administraciones sean dignos y de calidad

En muchas ocasiones, el trabajo que desarrollan estas personas, organizaciones o instituciones, sea de forma remunerada o voluntaria, no es valorado ni reconocido en su justa medida, quedando en el anonimato. Y es por ello que, desde cualquier entidad o de forma individual, se abrirá un plazo para la presentación de propuestas a la Mención, siempre dentro del ámbito geográfico de Castilla y León

El plazo para la presentación de candidaturas comienza el próximo 1 de Abril, y se extenderá hasta el 1 de Mayo, momento en el cual un Jurado, compuesto por miembros de la propia Plataforma, y dos personas de especial relieve dentro de la difusión y defensa de los servicios sociales de nuestra Comunidad, deberá decidir entre todas las  candidaturas presentadas, concediéndose la Mención en un acto público a celebrar hacia finales del mes de Mayo.

Desde aquí se pueden consultar las Bases completas por las que se rige la concesión. Asimismo, facilitamos un Modelo de presentación de candidaturas, necesario para realizar las propuestas a la Mención. En una nueva página dentro de este blog, debajo de nuestra imagen de portada, nombrada “Mención Solidario invisible”, además de las Bases y el Modelo se añade un cartel imprimible para su mayor difusión

La Mención no llevará consigo asignación económica, consistiendo en la entrega de un objeto que simbolizará el desprendimiento y las virtudes de la persona o entidad para con la sociedad, en el cumplimiento de su tarea de defensa de los servicios sociales

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La Plataforma Social se reúne con los grupos políticos de las Cortes

La Plataforma Social ha mantenido un encuentro con los cinco grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León: Grupo Socialista, Podemos, Ciudadanos, Grupo Popular, y el procurador de  Izquierda Unida.

Con los parlamentarios autonómicos se analizaron las medidas que la Plataforma plantea para fomentar la inclusión social. Tres fueron los aspectos en los que se insistió por parte de la Plataforma:

  1. La necesidad de desarrollar la intervención comunitaria para lograr la inclusión de la población en situación de riesgo, actuando en prevención de posibles problemáticas sociales, y logrando la convivencia normalizada en los barrios y municipios.
  2. La necesidad de incorporar nuevos profesionales a los CEAS para que se pueda desarrollar la intervención comunitaria. La saturación de trabajo de los profesionales de los CEAS, hace que en la actualidad solo sean capaces de sacar adelante tareas administrativas, no pudiendo realizar intervenciones con los jóvenes y las familias.
  3. La necesidad de desarrollar una estrategia dirigida a evitar que se generen centros educativos de singular creatividad, donde la práctica totalidad de los alumnos pertenecen a minorías, lo que dificulta el desarrollo de los menores en un ambiente de pluralidad y convivencia.

 

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La actitud de los grupos políticos no fue uniforme. La mayoría adquirió el compromiso de desarrollar iniciativas parlamentarias dirigidas al desarrollo de la intervención comunitaria, así como el resto de medidas que propone la Plataforma. Sin embargo, el Grupo Popular planteó que este tipo de intervenciones no era responsabilidad de la Junta de Castilla y León, ignorando con ello que la  Ley de Servicios Sociales de Castilla y León establece que debe ser el gobierno autonómico el responsable de establecer las líneas generales de la política de servicios sociales, y de la financiación de los profesionales de los servicios sociales básicos. Evidentemente, si en este momento no se está interviniendo en el ámbito comunitario, es porque la Junta no lo contempla entre sus líneas de actuación.

Desde la Plataforma se insistió que la cooperación entre la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos es imprescindible, con el objetivo de ser eficaces en lograr la inclusión social de los colectivos más vulnerables socialmente. Siendo en este momento prácticamente inexistente la aportación económica que realiza la administración autonómica para el desarrollo de políticas preventivas y de intervención comunitaria.

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Encuentro con los Ayuntamientos de Medina del Campo y Laguna de Duero

La Plataforma Social ha mantenido recientemente una reunión con la Concejala de Bienestar Social de Medina del Campo, Raquel Alonso, y la Coordinadora de Servicios Sociales, Rosa Vegas, para analizar las actuaciones a desarrollar en aras a conseguir la inclusión de la población en riesgo de exclusión. Con el mismo objetivo se mantuvo otra reunión con miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Laguna de Duero, encabezado por su Alcalde, Román Rodríguez de Castro, y la Concejala de Acción Social, Margot Rodríguez Benítez.

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Ambas corporaciones municipales manifestaron su preocupación por la situación de los adolescentes que no estudian ni trabajan, y la necesidad de desarrollar medidas para garantizar su inclusión social.

Asimismo se valoró la necesidad de que los Acuerdos Marco que la Junta de Castilla y León firma con los ayuntamientos, incluyan la financiación de programas dirigidos a la intervención comunitaria, para prevenir las situaciones de exclusión que se generan en algunos grupos de jóvenes. Dentro de dichos Acuerdos Marco, firmados recientemente, se ha incluido la financiación de un trabajador social más, a media jornada, para que se dedique a los expedientes de Dependencia.

Desde la Plataforma Social valoramos positivamente que se quiera reducir los plazos de resolución de los expedientes de Dependencia, pero la política que desarrolla la Junta de Castilla y León está reduciendo los servicios sociales exclusivamente a las prestaciones, olvidándose de la intervención social dirigida a prevenir las problemáticas sociales. Se trata de una visión cortoplacista, que busca sumar réditos electorales, y no ayuda a la construcción de una sociedad más justa, que requiere de un desarrollo efectivo de políticas de intervención comunitaria que garantice la convivencia y la inclusión social.

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Desde la Plataforma valoramos positivamente los Acuerdos que en el marco del Diálogo Social realizan las Corporaciones Locales, manifestándoles la importancia de que en los próximos Acuerdos que se alcancen, se contemplen programas dirigidos a actuar en favor de la inclusión social.

En ámbas reuniones se les facilitó el documento definitivo de “Medidas para fomentar la inclusión de la Población en riesgo de exclusión social de Castilla y León”, el cual puede ser consultado pinchando en el siguiente enlace.

Igualmente, y a modo de resumen, facilitamos información y consideraciones básicas, que ayudan a esquematizar el trabajo que ha venido realizando la Plataforma en los últimos meses.

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Alegaciones de la Plataforma Social al nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales

En opinión de la Plataforma Social, el borrador del Plan Estratégico de Servicios Sociales, presentado por la Junta de Castilla y León el último trimestre del pasado año, adolece de compromisos concretos para abordar las necesidades sociales, con lo que se consolidan las carencias que se vienen arrastrando.

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Analizada la respuesta que la Consejería de Familia ha dado a las 19 alegaciones que la Plataforma Social presentó al Plan Estratégico, nos reafirmamos en que el Plan está repleto de generalidades, y que no aporta nada a la situación existente. Es por ello que, desde esta Plataforma seguimos demandando:

Que se incluya un compromiso concreto de reducción de plazos para resolver los trámites administrativos. Para conocer si esto se produce, solicitamos que en la primera evaluación que se realice sobre la aplicación del Plan Estratégico, se incluyan los plazos reales de resolución que se están produciendo en las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía, los recursos de reposición, y la resolución del resto de los procedimientos administrativos.

Que se consideren como prestaciones esenciales: la prevención, la participación comunitaria y la inclusión social de las familias y de los menores que estén en exclusión o en riesgo de estarlo.

Que se facilite a los servicios sociales básicos los recursos humanos y técnicos necesarios para que puedan desarrollar la intervención comunitaria, y no se limite su intervención a medidas asistenciales y administrativas.

Que se completen los equipos de profesionales de atención directa de los CEAS, dotándoles de suficiente personal básico y perfil multidisciplinar (trabajadores, educadores e integradores sociales, animadores socioculturales, agentes interculturales, etc.); lo que permitiría el desarrollo de programas de intervención comunitaria y haría posible realizar una coordinación eficaz entre los profesionales de las diferentes instituciones y entidades.

Que se desarrollen Planes de inclusión personalizados con carácter general, incluyendo medidas dirigidas a hacer realidad la inclusión social, y no solo limitados al ámbito del proyecto PACT y a la Ley de la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.

Que se incluyan controles dirigidos a que las personas usuarias de los centros de servicios sociales, se les faciliten las cartas de servicios y los compromisos de calidad.

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En el siguiente documento anexo, se reflejan todas y cada una de las alegaciones que se han presentado, indicando las respuestas por parte de la Consejería de Familia, y nuestras demandas pormenorizadas ante las mismas, a fin de que dicho Plan Estratégico pueda ser mejorado en su proceso de aplicación:

Escrito sobre la respuesta de la Consejería de Familia a las alegaciones

La mejora de los servicios sociales requiere que estas demandas sean escuchadas por la Consejería de Familia.

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Reunión con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León

La Plataforma Social ha mantenido una reunión con la Directora General de Innovación y Equidad Educativa, y con el Director de Política Educativa Escolar, en la que hemos presentado las propuestas que la Plataforma Social ha elaborado para contribuir a evitar la exclusión social de los menores.

Desde la Plataforma Social se ha planteado la necesidad de dar respuesta al problema de los colegios en los que, en su práctica totalidad, sus alumnos pertenecen a minorías sociales en riesgo de exclusión. En otros se está produciendo un incremento de los niños y niñas pertenecientes a estas minorías, con lo que, si no se actúa con urgencia, se convertirán también en colegios donde exclusivamente acudan menores pertenecientes a familias en situación de exclusión.

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Así mismo se ha planteado la necesidad de incrementar la coordinación con los servicios sociales, garantizando así la optimización de las intervenciones, y mejorando la recogida de datos para la elaboración de las estadísticas que confecciona la Consejería; ello permitiría tener una visión más ajustada a la realidad, adecuando la mejora en las actuaciones que se desarrollen desde la administración.

La Directora General de Innovación y Equidad Educativa comparte las propuestas de la Plataforma Social, pero plantea dos limitaciones: la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres (que optan por llevar a sus hijos a centros donde hay menos alumnos pertenecientes a minorías) y la configuración urbanística de los barrios de Valladolid, y otras ciudades en situaciones semejantes. Los matrimonios jóvenes se están desplazando a los pueblos del alfoz, dejando que en los barrios se incremente la población perteneciente a minorías sociales o étnicas.

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Así mismo informó que se están reforzando los equipos psicopedagógicos con titulados, Técnicos de Servicios a la Comunidad, y que se va a publicar una Orden por la que los equipos educativos de los centros con importante presencia de alumnos pertenecientes a minorías sociales, se configuren a partir de profesionales que asuman que su tarea ha de tener una implicación socio educativa.

Se valoró que, aunque las situaciones sean similares en diversos colegios, cada uno tiene sus características, por lo que sería necesario que las medidas a adoptar fueran diseñarlas conjuntamente con la comunidad educativa concreta de cada Centro (claustro y AMPAS).

De ahora en adelante, nos informó la Directora General, se hará llegar a la Plataforma información sobre las propuestas a desarrollar por la Consejería, con el fin de recoger sugerencias que pudiéramos plantear.

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