Servicios Sociales, ¿asistencialistas o inclusivos?

Cuando en 1988 el Ministerio de Asuntos Sociales puso en marcha el Plan Concertado de Servicios Sociales con las Corporaciones Locales, se estableció que entre las prestaciones básicas se encontrarían la prevención y la inserción social.

La prevención hacía referencia a todas aquellas actuaciones de carácter instrumental dirigidas al conjunto de la población, para favorecer la implicación y el fortalecimiento de las redes sociales de una comunidad. Con la aplicación de estos procedimientos se esperaba evitar la aparición los factores potencialmente capaces de generar procesos de marginación y exclusión social, o eliminarlos si se diera el caso. Esta concepción sitúa la prevención en el nivel primario, procurando la promoción de actitudes de tolerancia, respeto y solidaridad.

El conjunto de actuaciones referentes a la práctica de la prevención presta especial atención al contexto social de los sujetos y su comunidad, favoreciendo una mayor comunicación e intercambio social, e impulsando cambios institucionales y estilos de vida, con el fin último de facilitar la transformación individual y social de esa comunidad. En este sentido, las acciones a desarrollar favorecerían la promoción de la participación, la animación comunitaria, la ocupación del ocio y el tiempo libre,… Como instrumentos para su aplicación se establecerían campañas de información y sensibilización, entre otros recursos, para lograr el fortalecimiento del tejido social de la comunidad.

El término de inserción social incorporaba todas las actuaciones dirigidas a facilitar la integración social de individuos, familias y grupos con factores asociados a la génesis de diferentes necesidades sociales, generadoras de diferentes problemas que inician, mantienen y consolidan las situaciones de marginación y exclusión social.

En aquel momento, el desarrollo de estas prestaciones básicas venía a dar un giro de 180 grados sobre la atención asistencialista a las necesidades sociales de las personas y colectivos sociales.

Mucho han evolucionado los servicios sociales desde 1988 hasta la actualidad. Se han ido incorporando nuevas prestaciones y recursos económicos, insuficientes para cubrir todas las carencias sociales, sin ninguna duda, pero que han aportado atención a las necesidades de muchas personas que estarían más desprotegidas si no existieran. Entre esas nuevas prestaciones habría que resaltar dos: las generadas por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y las Rentas de Inserción, que conceden las Comunidades Autónomas. Dedicando a ambas la mayor parte del presupuesto que las administraciones dedican a servicios sociales.

 

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Estas nuevas prestaciones han adquirido tal peso en los presupuestos de las administraciones que se puede afirmar que los servicios sociales han quedado reducidos exclusivamente a las mismas. Quedando la prevención y la inserción social exclusivamente en el ámbito de las declaraciones de intenciones y en la introducción de los textos regulatorios, pero sin destinarse presupuesto para ellas, ni desarrollando programas o actividades que las hagan posibles.

Prestar atención a las situaciones de dependencia o conceder prestaciones económicas a las personas que no tiene ingresos económicos, es medible a corto plazo. Los resultados de las actuaciones para prevenir las problemáticas sociales, o del trabajo por la inclusión social, no tiene resultados a corto plazo y es más difícil cuantificar los mismos. Es responsabilidad de los Servicios Sociales que las acciones se desarrollen en un sentido o en otro. Es lamentable comprobar que, generalmente, se buscan resultados que permiten explicar la gestión, antes de cada cita electoral.

La vigente ley de Servicios Sociales de Castilla y León incluye en su redacción la distinción entre prestaciones esenciales o no esenciales. Las primeras son de obligada prestación, teniendo que obligatoriamente disponer de dotación económica para que se puedan conceder. Esto que en principio es positivo, ha conducido a que la prevención y la inserción social hayan quedado como algo excepcional, no siendo obligatoria su prestación. La anterior ley hacía una apuesta clara por la intervención comunitaria. Algo semejante se ha producido en todas las Comunidades Autónomas.

Son muchos los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad: la llegada de inmigrantes, la competitividad como eje central de las relaciones personales, el consumo como principal objetivo en la vida, la influencia en la formación de nuestra opinión a través de los mensajes que nos llegan por las denominadas redes sociales. En definitiva, cambios sociales que es necesario modular para avanzar hacia la promoción de actitudes de tolerancia, respeto y solidaridad. Facilitando la integración social de individuos, familias y diversos colectivos sociales.

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