La Plataforma Social de Valladolid ha presentado sus propuestas para erradicar la exclusión social

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Al Plataforma ha mantenido diversas reuniones con asociaciones implicadas en la intervención social en diversos barrios de la ciudad, y con profesionales del sistema educativo y profesionales de la educación social, con el objetivo de elaborar propuestas que se plantearan a las Administraciones municipales y autonómica, para solicitarles que desarrollen políticas que erradiquen la exclusión.

 

Desde la Plataforma se valora de forma positiva, aunque insuficiente, la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia y otras prestaciones económicas que se conceden a las personas en situación de necesidad o pobreza. Pero si estas medidas no se acompañan de programas de prevención de la exclusión e inserción social, no  estará contribuyendo a una convivencia normalizada en la sociedad.

 

El incumplimiento de la financiación del personal técnico de los servicios sociales básicos establecido en la Ley de Servicios Sociales de  Castilla y León por parte de la Junta ha generado plantillas de trabajadores insuficientes que tiene saturados los CEAS y obliga los profesionales a dedicarse de forma exclusiva a la concesión de ayudas, no desarrollando la intervención comunitaria.

 

La Plataforma Social demanda a las administraciones que no sólo faciliten ayudas económicas, sino que se desarrollen medidas que acaben con la exclusión social.

 

Valladolid, 14 de junio de 2017

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Fotografía de la PSV.

Medidas a desarrollar para reducir la población en riesgo de exclusión social.

Desde la Plataforma Social de Valladolid, venimos comprobando la ineficacia de las actuaciones desarrolladas por las distintas Administraciones públicas para combatir la exclusión social de la población afectada o en riesgo de estarlo. Con el objetivo de buscar alternativas más eficaces, hemos mantenido diversas reuniones con entidades sociales, profesionales de la educación social y equipos directivos de los centros de educación que desarrollan su actividad con familias o con menores en situación de pobreza o en riesgo de exclusión, para conocer sus realidades y conocer sus perspectivas. Como conclusión de estas reuniones, desde la Plataforma Social de Valladolid, hemos elaborado un conjunto de propuestas, para que, desde las administraciones públicas con competencias en materia de servicios sociales y educación, se tomen en consideración.

 

Diferencia entre pobreza y exclusión social.

Es necesario distinguir entre pobreza y exclusión social, porque una persona en situación de pobreza puede salir de ella con diversos apoyos que le permitan mejorar su situación económica. De la exclusión es mucho más difícil escapar porque no exige sólo una mejora en la situación económica, sino que requiere un cambio radical en la forma de vida. Lo más grave es que la situación de exclusión se transmite a los niños y las niñas.

A la pobreza la podemos clasificar en pobreza extrema o marginal y pobreza moderada, dividiéndose a la vez esta última en integrada y no integrada.

La pobreza extrema está al margen del ciclo económico, una parte la forman las denominadas personas “sin techo” y otra la forman familias enteras que viven en una cultura de marginalidad, con hábitos de vida muy arraigados, en chabolas o viviendas muy precarias. Los hijos e hijas de estas familias, sino salen de ese entorno, cuestión que no es frecuente, continúan viviendo en la marginalidad. Para superarlo sería necesario saltarse una generación de convivencia en estas condiciones y hacer una gran apuesta por la educación.

Las personas “sin techo” se incluirían dentro de la pobreza extrema, no son muchas, pero son más visibles.

 

Las personas en situación de pobreza moderada integrada, son generalmente personas que viven solas con ingresos mínimos, normalmente personas mayores, siendo el colectivo de viudas el más destacado,  que viven con mucha austeridad.  Cuando es una familia con menores la que se encuentra en esa situación, la precariedad genera mucho sufrimiento y les condiciona el futuro.

La pobreza moderada no integrada la forman las personas o familias que viven en la economía sumergida, que en algunos casos es lícita y en otros no lo es, y muchas de ellas son perceptoras de algún tipo de subsidio: RGC, LISMI, RAI….

La crisis ha generado una sociedad más desigual con un amplio sector de la población que se ha empobrecido y no puede pagar los servicios básicos: luz, calefacción, alquiler….

 

Desde la Plataforma Social de Valladolid consideramos que para el Gobierno de la Junta de Castilla y León, NO es una prioridad prevenir la exclusión social y actuar para lograr la inclusión de las familias en riesgo de exclusión, muestra de ello es la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, la cual distingue que existen prestaciones esenciales y prestaciones no esenciales. A las prestaciones esenciales las reconoce el carácter de derecho subjetivo, y es obligatoria su prestación y no pueden estar limitadas por falta de financiación.

Cuando se lee la relación de prestaciones contempladas como esenciales se comprueba que aquí se incluyen todas aquellas cuya financiación es obligatoria, porque lo determinan otras leyes: Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Ley de protección de menores, etc.

Las que no se incluyen como prestaciones esenciales son aquellas dirigidas a la prevención e inclusión de las problemáticas sociales, así han quedado recogidas en el Catálogo de Servicios Sociales.

La Ley de Servicios Sociales de Castilla y León prevé en su artículo 31, la existencia de Equipos de Acción Social Básica, formados por personal técnico, que asumen, entre otras tareas: la coordinación y desarrollo de acciones preventivas, la promoción de la convivencia e integración familiar y social, la detección y diagnóstico de necesidades generales de la población de su zona, la elaboración de propuestas y evaluación de resultados. La realidad es que la sobresaturación que se sufre en los servicios sociales básicos reduce en la práctica su actuación al ámbito asistencial.

A lo largo de los años se han ido desarrollando Planes para la inclusión social  (en el año 2004 ya existía un Plan Sectorial, que no ha tenido ningún resultado efectivo), que se han quedado en meras declaraciones de intenciones, con extraordinarios principios  como la atención personalizada, pero sin la aportación de los medios necesarios (dotación presupuestaria) para que se haga efectiva; se han llegado a establecer acuerdos en el ámbito del Diálogo Social importantes pero que no suponen la asunción de medidas desde la globalidad y atajando esta problemática desde las estructuras.

 

Las principales claves de intervención ante la exclusión en las que coinciden los profesionales y entidades  con las que nos hemos reunido son:

-La necesaria actuación con los menores en su etapa escolar: “debe considerase prioritario el compromiso educativo y social con estos chavales, teniendo en cuenta la prioridad de motivación a los profesionales que trabajan  directamente con este colectivo”.

-La precariedad en la vivienda: “Alquileres altos, pérdida del domicilio familiar en favor de las entidades bancarias, el hacinamiento” (con los problemas de convivencia que generan…)

-Es necesario no limitar la intervención de las administraciones a la atención asistencial, quedando en segundo plano la prevención y la promoción.

-El principal medio para lograr la inclusión  social es el empleo: “La actual precarización (temporalidad y bajas remuneraciones) del mercado laboral hace que existan trabajadores y trabajadoras  en situación de pobreza, ésta es  la principal causa de la consolidación en la situación de exclusión social de muchas familias”.

Es necesario que las respuestas que se den desde las Administraciones sean específicas en función de cada tipo de colectivo al que se dirigen.

 

Medidas a desarrollar desde las Administraciones públicas:

– Implicar a todos los sectores de la sociedad a través de órganos de participación coordinados por los CEAS: vecinos, Administraciones, Tercer Sector…

-Priorizar la atención a los menores con proyectos de intervención de carácter social y educativo, dirigido tanto a ellos como a sus familias.

-Es necesario que el sistema educativo tenga en cuenta la diversidad existente y apique criterios diferentes en función de las características del alumnado. Evitando la creación de centros educativos “gueto” y aplicar medidas que reduzcan y  eliminen a los actualmente existentes. Para ello es necesario desarrollar en estos colegios un protocolo de actuación específico, que tenga entre otras las siguientes particularidades: Tener en cuenta las experiencias de buenas prácticas desarrolladas en otros centros, acondicionar la selección del profesorado de estos centros a la realidad de los mismos, dotar de autonomía a los equipos directivos para gestionar las ayudas,  así como asegurar la continuidad a los proyectos educativos adaptados a la realidad de los centros. Dada la labor social que debe desarrollarse en los mismos es fundamental reforzar la presencia de profesionales que del ámbito socioeducativo.

-Establecer un trabajo desde el ámbito de ocio y tiempo libre de los menores en propio espacio educativo, teniendo en cuenta el adecuado aprovechamiento de los recursos públicos (patios escolares en fines de semana, centros cívicos, escuela de música, así como otros servicios municipales), como ya se está aplicando, con éxito, en el programa de la actividad de piscina para niños y niñas impulsado desde el Ayuntamiento de Valladolid.

-Realizar un estudio de la población en riesgo de exclusión social, y, de forma específica sobre la situación de cada casa en aquellas zonas donde hay un elevado número de viviendas ocupadas por personas y familias en situación de exclusión o o en riesgo de estarlo.

-Que se cumpla la financiación prevista en la ley de Servicios Sociales de CYL, para dotar a los centros de acción social (CEAS) del personal y los recursos necesarios, para que se puedan establecer proyectos individualizados de inserción realizables y personalizados a cada familia, que permitan realmente salir de la exclusión social.

-Modificar el Catálogo de Servicios Sociales de la Junta, para incluir la prevención, participación comunitaria y la inclusión social  de las familias y de los menores que están en exclusión o en riesgo de estarlo, como prestaciones esenciales, por lo que los programas a desarrollar con estas personas no pueden estar condicionados a la disponibilidad económica.

-Políticas de vivienda asequibles a la economía de las familias.

– Políticas de empleo que impidan que los trabajadores sean pobres por la precariedad y los bajos salarios, incrementando las inspecciones de trabajo.

-Aprovechar las oportunidades que ofrece el medio rural como yacimiento de empleo y modo de vida alternativo al urbano, con políticas  que lo estimulen.

EN CONCLUSIÓN: LA PLATAFORMA SOCIAL DEMANDA A LAS ADMINiSTRACIONES QUE NO SÓLO FACILITEN AYUDAS ECONÓMICAS, SINO QUE SE DESARROLLEN MEDIDAS QUE ACABEN CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

Junio de 2017

 

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