La PSV demanda recursos públicos para las personas que sufren enfermedad mental y graves alteraciones de conducta

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Sirva el caso de Dolores como ejemplo para conocer la falta de recursos en Castilla y León para atender a las personas que sufren enfermedades mentales y graves alteraciones de conducta, por lo que toda la responsabilidad de atención recae en los familiares más directos:

Dolores con 65 años padece una enfermedad mental y sufre alteraciones de conducta. Hasta el fallecimiento de su madre, se encargó ésta de su atención; y a partir de ese momento la responsabilidad recayó en sus hermanos, pensionistas y que como es de suponer tienen sus propias situaciones familiares a las que hacer frente.

Dolores ha pasado por diversos centros, pero al no ser adecuados a su enfermedad  siempre  termina en casa de los familiares, que no disponen de medios para poder atenderla y convivir con ella.

Estuvo ingresada en el Hospital Psiquiátrico largos periodos de tiempo,  y con posterioridad se la alojó en un piso tutelado con otros enfermos mentales, de donde la expulsaron por los problemas que originaba con los otros residentes de la vivienda.

Una resolución judicial determina su ingreso en una residencia privada de personas mayores, sin que esté acondicionada a su patología,  y con un coste muy superior a la pensión que percibe,  teniendo que hacer frente a la diferencia sus hermanos. Por el elevado coste de la plaza en la residencia privada la tiene que dejar y volver a casa de los familiares, donde permanece hasta que la situación se vuelve insoportable.

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Foto de Jorge Félix Alonso.

En su día la Consejería de Familia pone en funcionamiento una mini residencia para enfermos mentales de Ávila (en Valladolid no hay ningún centro de estas características), y la Comisión Mixta Regional de Salud Mental acuerda  su ingreso en este centro, siendo desestimado por la Comisión provincial de Ávila argumentando sus problemas de conducta sin darle opción a un periodo de prueba mínimo y valorar así su posible adaptación.

El Procurador del Común a la queja presentada por la familia de Dolores, emitió una Resolución en la que sugería a la Junta que se facilitara la atención adecuada a través una plaza residencial adaptada a personas con enfermedad mental y alteraciones de conducta y si no existían, deberían crearse.

La Consejería de Familia, ante la Resolución del Procurador del Común, plantea alojarla en una vivienda supervisada (o sea que durante el día pasaría un técnico a hacer una visita, pero estaría todo el día sola). La familia no aceptó esta solución entendiendo que “cómo era posible que no se la admitiera, en una mini residencia, donde se dispone de medios para atender las veinticuatro horas del día a los residentes, y pretende alojarla en una vivienda sin control permanente ya que daría lugar a problemas para ella y para los vecinos del inmueble”.

Tras estos episodios Dolores se incorpora a vivir con un hermano, volviendo a crearse problemas con los vecinos, por lo que la familia volvió a ingresarla en una residencia privada de mayores que dispone de atención para personas con problemas de enfermedad mental. El coste de esta residencia supera ampliamente la pensión de Dolores y es la  familia la que está asumiendo todos los gastos, ante el desinterés y la falta de sensibilidad de la Consejería.

 Dolores es dependiente en grado 2 y La Junta de Castilla y León le ha adjudicado una prestación económica mensual para poder sufragar los gastos de la residencia privada de 30€, sin embargo a los familiares de Dolores lo que más le molesta es escuchar a la Consejera de Familia, los esfuerzos y lo mucho que hace la Junta de Castilla y León por las personas con enfermedad mental.

En conclusión: la atención de Dolores sigue recayendo exclusivamente en su familia, que es quien paga el centro donde se encuentra, la Junta de CYL no ha hecho caso a la Resolución del Procurador del Común y en nuestra Comunidad seguimos sin plazas para atender a las personas con enfermedad mental .

Ante la carencia de plazas para la atención de personas con enfermedad mental y graves alteraciones de conducta, la Plataforma Social de Valladolid, demanda a la Junta de Castilla y León la creación de este tipo de plazas.

 

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