La plataforma social denuncia el incumplimiento de la ley para las personas con discapacidad

logo-blog-papaEl pasado día 13 de febrero el BOCYL publicaba el Plan Estratégico de igualdad para las personas con discapacidad 2016 – 2020. La publicación en 2017 de un Plan que se anuncia que comienza el año anterior, evidencia el primer incumplimiento del mismo.

En mayo de 2013 se aprobaba la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La aprobación de esta ley fue un compromiso incumplido del Presidente, Juan Vicente Herrera, en la legislatura 2007 – 2011, y cuando se aprueba en 2013, su aplicación se confía al Plan Estratégico que por fin ahora se aprueba casi cuatro años después de aprobada la ley. Éste es otro de los incumplimientos, puesto que entre sus disposiciones estaba su aprobación antes de finalizar 2014.

En el Plan se anuncia que en 2016 se va a destinar un presupuesto de 82,6 millones de euros, y que en el conjunto de los cuatro años, se destinarán 752 millones de euros. La credibilidad de que se vaya a destinar esa cuantía en cuatro años es tan creíble como la cuantía que se ha destinado al Plan en 2016, que no estaba aprobado.  Por prometer millones que no quede.

La ley establece que el Plan Estratégico será informado por el Consejo Autonómico de las Personas con discapacidad, que es el órgano que debió crearse para ser el interlocutor entre la Junta y el tejido social. Otro incumplimiento de la Consejería de Familia, pues sin haber comenzado aplicar la ley, la Consejería suprimió el Consejo y con ello las competencias que le confería la ley y lo sustituyó por un órgano descafeinado de los que le gusta a la Junta, que no tiene ningún margen de control real de la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

El Plan reitera objetivos y conceptos ya incluidos en la ley, como suele ser habitual en  los documentos que elabora la Consejería de Familia, repetir el mismo conjunto de compromisos, pero sin ninguna voluntad de desarrollarles.  Así mismo incluye medidas con las que se tiene que estar de acuerdo porque son demandas de las familias y asociaciones desde hace años, que en muchos momentos su aplicación ha sido prometida por el presidente de la Junta y los respectivos consejeros, como es la tantas veces anunciada cuota de personas con discapacidad que debe trabajar en la Administración Autonómica, pero después del tiempo que se ha tardado en elaborar el Plan, sólo se enuncian en infinitivo y no en imperativo, lo que nuevamente conducirá a que estas medidas nos las volvamos a encontrar en el próximo Plan.

El Plan prevé una evaluación anual, pero sino existe un órgano que pueda contar con la información y los medios adecuados, la evaluación nuevamente se convertirá en unos informes hechos a la medida sin que exista un seguimiento real de lo que se hace y no se hace.

Por ello la Plataforma Social demanda la creación de un órgano formado por las entidades representativas de las personas con discapacidad, al que se facilite toda la información que precise y  se le dote de los medios adecuados para que pueda ejercer un control real de la ejecución del Plan. Es fundamental que el Plan Estratégico no sea nuevamente uno de los grandes anuncios que hace la Consejería de Familia, con gran despliegue de fanfarria y florituras, pero que no sirve para dar respuesta a las necesidades de las personas, en este caso las personas con discapacidad.   Esperemos que tome nota la Consejera de Familia.

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