La Plataforma Social plantea al Alcalde de Valladolid el refuerzo de la intervención social en zonas con población en riesgo de exclusión

La Plataforma Social ha mantenido una reunión con Oscar Puente, Alcalde de Valladolid, y las concejalas de Servicios Sociales, Rafaela Romero, y de Educación, María Victoria Soto, en la que se ha planteado sus demandas sobre medidas en favor de la inclusión social de la población en situación de riesgo de exclusión de la capital.

Por parte del Ayuntamiento se ha informado las actuaciones previstas para prevenir la exclusión. Entre otras, la creación de escuelas infantiles en diversos colegios, donde es necesario que convivan los niños y niñas de diversos entornos sociales. Así como la próxima contratación de animadores sociocomunitarios, y la creación de dos nuevos Consejos Sociales.

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Desde la Plataforma se ha insistido en la necesidad de incrementar el número de profesionales en las zonas donde reside la población más vulnerable, para que intervengan en el ámbito comunitario con los menores y las familias. Profesionales del ámbito de la educación social, la animación sociocomunitaria o sociocultural.

La Plataforma Social ha coincidido con el Alcalde de Valladolid en la necesidad de que, en aquellas zonas donde se intervenga urbanísticamente, como es el caso del Polígono de Viviendas 29 de Octubre de Pajarillos, se desarrolle paralelamente un trabajo social con las familias y los menores, garantizando en la mayor medida su necesaria inclusión social.

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La Diputación de Valladolid abordará medidas para actuar contra la exclusión social

La Plataforma Social continúa con la difusión y el debate necesarios, para explicar y enriquecer al máximo el trabajo relativo al desarrollo de medidas que conduzcan a la reducción de la población en riesgo de exclusión social, en todos los órdenes y ámbitos geográficos posibles.

De esta manera, durante la última semana, se han mantenido diversas reuniones con instituciones y colectivos de diversos ámbitos, destacando la que se ha mantenido con Conrado Iscar Ordóñez, Diputado Delegado del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales de la Diputación de Valladolid, al que le hemos planteado la necesidad de desarrollar programas de intervención comunitaria dirigidos a lograr la inclusión social de las familias en situación de vulnerabilidad.

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La Plataforma Social comparte los objetivos de las actuaciones que se están desarrollando desde la Diputación, dentro del contexto del Diálogo Social. Si bien, consideramos que es necesario incrementarlas con un programa de intervención socioeducativa, dirigido al desarrollo de itinerarios de inclusión social con las familias y personas en riesgo de exclusión, implementando las actuaciones oportunas que sirvan para modificar sus hábitos de vida. En buena medida haciéndoles actores, y no meros espectadores, de su propio proceso de mejora.

El Diputado de Servicios Sociales ha manifestado su coincidencia con este objetivo y se ha comprometido a contemplarlo en los próximos planes. Por supuesto, nos congratulamos que se vayan a tomar en cuenta en un futuro próximo algunos de los postulados que hemos planteado, siempre en consonancia con los transmitidos por los diferentes colectivos que trabajan directamente con las poblaciones afectadas. Y nos mantendremos vigilantes ante el cumplimiento de esos objetivos con el máximo rigor.

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Difusión del trabajo de la Plataforma Social para la erradicación de la exclusión social

La Plataforma Social de Valladolid sigue trabajando de cara a la demanda de medidas que permitan la reducción de la actual situación de exclusión social que padecen muchas familias y colectivos de nuestra Comunidad.

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Dentro de este trabajo, por ejemplo, se van a mantener diferentes reuniones con representantes del ámbito educativo, con la intención de pulsar su opinión al respecto, y considerar las aportaciones a los documentos de trabajo que adjuntamos más abajo.

Más adelante se seguirán concertando encuentros con otros colectivos que consideramos deberían aportar sus propuestas, dentro de los ámbitos político, sindical, de acción social… Igualmente, hemos hecho llegar los documentos de trabajo a las Consejerías de Educación y Familia de la Junta de Castilla y León, con las cuales esperamos tener sendos encuentros, y de las que esperamos tomen en consideración la batería de medidas incluidas en dichos documentos. Nuestra meta, y su responsabilidad, es conseguir erradicar muchas situaciones de exclusión y penuria de buena parte de nuestros conciudadanos.

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Para cualquier ciudadano interesado en conocer el trabajo realizado, y al que le pueda afectar las situaciones mencionadas en ellos, adjuntamos dos ficheros pdf donde proponemos acciones de intervención desde los ámbitos de la Educación y Servicios Sociales.

Demandas Educación                          Demandas Servicios Sociales

Y en el siguiente enlace aparece el documento completo, fruto del exhaustivo trabajo de estudio y prospección que la Plataforma ha llevado a cabo, con la inestimable aportación de los colectivos con los que se ha mantenido reuniones anteriormente.

Con la intención de enriquecer en mayor medida este trabajo, cualquier persona nos puede remitir sus aportaciones, dirigiéndose a nuestra dirección de correo electrónico plataforso@gmail.com

 

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La Plataforma Social denuncia la falta de contenido del Plan Estratégico de Servicios Sociales que elabora la Junta

Pasados 7 años desde la aprobación de la Ley de Servicio Sociales el desarrollo realizado por la Junta es mínimo y ahora presenta un proyecto de Plan Estratégico carente de compromisos. Desde la Plataforma Social se han presentado 19 alegaciones a éste, dirigidas a concretar medidas que contribuya a mejorar la calidad de los servicios sociales en Castilla y León

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  1. Establecerse un plazo para la aprobación del Mapa de Servicios Sociales
  2. Establecer que las solicitudes de la Renta garantizada de ciudadanía se resuelvan en el plazo de 30 días.
  3. Elaborar el desarrollo reglamentario que garantice la interacción comunitaria en barrios y pueblos.
  4. Realizar una evaluación del Catálogo de Servicios Sociales, según establece la ley de Servicios Sociales, y proceder a las modificaciones pertinentes.
  5. Desarrollar reglamentariamente el artículo 31 de la ley de servicios sociales, definiendo la composición de los equipos de Acción Social Básica, para garantizar la intervención comunitaria.
  6. Facilitar a los usuarios de los centros de servicios sociales toda la documentación relativa a los planes de gestión de la calidad de los centros, carta de servicios, reglamento de régimen interior, etc.
  7. Establecer plazos para la resolución de los procedimientos administrativos (la referencia genérica incluida en el proyecto no conlleva ningún compromiso).
  8. Debe establecerse un plazo de resolución de 30 días para los recursos de reposición presentados a las resoluciones de las prestaciones.
  9. Mejorar la coordinación entre los servicios sociales dependientes de las entidades locales y los servicios sociales dependientes de la Administración autonómica.
  10. Modificación del Catálogo de Servicios Sociales, incluyendo como prestación esencial la prevención, participación comunitaria e inclusión social de las familias y de los menores que estén en exclusión o en riesgo.
  11. Completar los equipos de profesionales de atención directa de los CEAS, dotándoles de suficiente personal básico y perfil multidisciplinar (trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales, animadores socioculturales, agentes interculturales, etc.).
  12. Garantizar la coordinación de CEAS con los ámbitos de educación y sanidad, para garantizar que son la puerta de entrada de los servicios sociales.
  13. Establecer protocolos de trabajo en red y en coordinación entre Administración y ONGs, con personal suficiente para su desarrollo. No es válido un protocolo en papel que es inviable por falta de efectivos. Es básica la profesionalización de la intervención social.
  14. Que los trámites de suspensión y reanudación de la Renta Garantiza de ciudadanía no se prolonguen más de un mes. Esto es motivo de des-incentivación de búsqueda activa de empleo y por tanto una gran traba para procesos de inclusión social.
  15. Establecer proyectos individuales de prevención adaptados a la peculiaridad de las necesidades de cada familia perceptora de la Renta Garantiza de ciudadanía.
  16. Establecer convenios y compromisos con empresas para la contratación de personas en riesgo o exclusión social como ocurre con el colectivo de personas con discapacidad.
  17. Crear planes de inclusión social flexibles y abiertos, no centrados únicamente para ciudadanos perceptores de RGC, que en muchas circunstancias tienen una capacidad económica superior a la de otras familias que no tienen acceso a ella, quedando éstas fuera de circuitos institucionales de inclusión social.
  18. Los programas de prevención y promoción de menores en riesgo de exclusión social deben estar coordinados por los profesionales de los CEAS, que serán los responsables de la consecución de estos objetivos.
  19. Es necesario desarrollar programas con profesionales de la educación social y animación fuera del horario escolar, para continuar con la educación de hábitos y desarrollo de capacidades de los niños y las niñas, y conseguir que las familias, sobre todo cuando son monoparentales, puedan disponer de tiempo para trabajar o desarrollar otras actividades.
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La Plataforma Social demanda medidas para combatir la exclusión social

La Plataforma Social en la reunión celebrada en el día de hoy,  ha acordado dirigirse a las Consejerías de Educación y Familia, para demandar el desarrollo de medidas que contribuyan a evitar la exclusión social de los colectivos más vulnerables.

Una parte importante de estas medidas son las dirigidas a la prevención de los menores en riesgo de exclusión social.

15 de estas medidas se dirigen a la Consejería de Educación y 9 a la Consejería de Familia.

Entre las medidas dirigidas a Educación está la demanda para el desarrollo de una estrategia de apoyo en los colegios con niños y niñas pertenecientes a minorías antes de que se formen “guetos educativos”.

Entre las medidas dirigidas a la Consejería de Familia está la necesidad de resolver las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía en el plazo de un mes, para evitar las situaciones de penuria que se generan por la tardanza en resolverse éstas.

Asimismo se van a mantener reuniones con el Movimiento por la Escuela Pública y con los sindicatos UGT y CCOO, con el fin de coordinar las demandas ante las administraciones.

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Castilla y León en el primer semestre de 2017, continúa reduciendo la atención a los grandes dependientes

Según los datos del primer semestre de 2017, publicados por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, Castilla y León pierde más de 1.000 personas en situación de gran dependencia.

Lo que caracteriza a Castilla y León, desde que el gobierno de Rajoy comenzó con los recortes a la ley de la Dependencia, es la constante reducción en el número de personas en situación de gran dependencia, que desde 2012 se han reducido en 4.233. Habiéndose reducido nuevamente en el primer semestre de 2017, en 1.016 personas reconocidas.

 

  dic.-16 jun.-17 mayo 2017-dic 2016
Grado III 28.204 27.188 -1.016
Grado II 29.590 30.318 728
Grado I 28.032 29.284 1.252
Beneficiarios con derecho a prestación 85.826 86.790 964
Beneficiarios con prestaciones 85.301 85.607 306
PE Vinculada 24.737 24.352 -385
PE Cuidados familiar 23.961 24.039 78
Ayuda a domicilio 22.596 22.462 -134
Atención Residencial 8.456 8.462 6
Centro de día 8.332 8.326 -6
Asistente personal 309 347 38
Teleasistencia 8.368 8.326 -42
Promoción y prevención 12.590 12.832 242
Fuente: Ministerio de Sanidad y Servicios sociales

El crecimiento del número de personas reconocidas en situación de dependencia,  se produce fundamentalmente en los dependientes más leves. El endurecimiento de las condiciones para reconocer el grado de dependencia está produciendo una situación “casi milagrosa” en nuestra Comunidad, donde ya apenas se identifica a grandes dependientes, pero no porque no les haya, sino porque  no se les reconoce.

Del análisis de la evolución de las prestaciones se observa una reducción en el número de beneficiarios que reciben la prestación económica vinculada, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Y un incremento de los dependientes que optan por los cuidados en el entorno familiar, el asistente personal y la promoción de la autonomía personal.

Desde la Plataforma Social se quiere resaltar que, a pesar de los recortes sufridos en la “prestación de cuidados en el entorno familiar”, es significativo que se siga produciendo un incremento en el número de personas y familias que optan por la misma, lo que evidencia la necesidad de mantenerla. Esto de produce porque muchas familias siguen considerando que es la mejor opción  para estar cerca de sus seres queridos.

Desde la Plataforma Social seguimos demandando a la Junta de Castilla y León que revierta lo recortes realizados a este colectivo.

 

Valladolid, 26 de julio de 2017

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La Plataforma Social de Valladolid ha presentado sus propuestas para erradicar la exclusión social

logo-blog-papaLa Plataforma Social de Valladolid ha presentado sus propuestas para erradicar la exclusión social

 

Al Plataforma ha mantenido diversas reuniones con asociaciones implicadas en la intervención social en diversos barrios de la ciudad, y con profesionales del sistema educativo y profesionales de la educación social, con el objetivo de elaborar propuestas que se plantearan a las Administraciones municipales y autonómica, para solicitarles que desarrollen políticas que erradiquen la exclusión.

 

Desde la Plataforma se valora de forma positiva, aunque insuficiente, la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia y otras prestaciones económicas que se conceden a las personas en situación de necesidad o pobreza. Pero si estas medidas no se acompañan de programas de prevención de la exclusión e inserción social, no  estará contribuyendo a una convivencia normalizada en la sociedad.

 

El incumplimiento de la financiación del personal técnico de los servicios sociales básicos establecido en la Ley de Servicios Sociales de  Castilla y León por parte de la Junta ha generado plantillas de trabajadores insuficientes que tiene saturados los CEAS y obliga los profesionales a dedicarse de forma exclusiva a la concesión de ayudas, no desarrollando la intervención comunitaria.

 

La Plataforma Social demanda a las administraciones que no sólo faciliten ayudas económicas, sino que se desarrollen medidas que acaben con la exclusión social.

 

Valladolid, 14 de junio de 2017

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Fotografía de la PSV.

Medidas a desarrollar para reducir la población en riesgo de exclusión social.

Desde la Plataforma Social de Valladolid, venimos comprobando la ineficacia de las actuaciones desarrolladas por las distintas Administraciones públicas para combatir la exclusión social de la población afectada o en riesgo de estarlo. Con el objetivo de buscar alternativas más eficaces, hemos mantenido diversas reuniones con entidades sociales, profesionales de la educación social y equipos directivos de los centros de educación que desarrollan su actividad con familias o con menores en situación de pobreza o en riesgo de exclusión, para conocer sus realidades y conocer sus perspectivas. Como conclusión de estas reuniones, desde la Plataforma Social de Valladolid, hemos elaborado un conjunto de propuestas, para que, desde las administraciones públicas con competencias en materia de servicios sociales y educación, se tomen en consideración.

 

Diferencia entre pobreza y exclusión social.

Es necesario distinguir entre pobreza y exclusión social, porque una persona en situación de pobreza puede salir de ella con diversos apoyos que le permitan mejorar su situación económica. De la exclusión es mucho más difícil escapar porque no exige sólo una mejora en la situación económica, sino que requiere un cambio radical en la forma de vida. Lo más grave es que la situación de exclusión se transmite a los niños y las niñas.

A la pobreza la podemos clasificar en pobreza extrema o marginal y pobreza moderada, dividiéndose a la vez esta última en integrada y no integrada.

La pobreza extrema está al margen del ciclo económico, una parte la forman las denominadas personas “sin techo” y otra la forman familias enteras que viven en una cultura de marginalidad, con hábitos de vida muy arraigados, en chabolas o viviendas muy precarias. Los hijos e hijas de estas familias, sino salen de ese entorno, cuestión que no es frecuente, continúan viviendo en la marginalidad. Para superarlo sería necesario saltarse una generación de convivencia en estas condiciones y hacer una gran apuesta por la educación.

Las personas “sin techo” se incluirían dentro de la pobreza extrema, no son muchas, pero son más visibles.

 

Las personas en situación de pobreza moderada integrada, son generalmente personas que viven solas con ingresos mínimos, normalmente personas mayores, siendo el colectivo de viudas el más destacado,  que viven con mucha austeridad.  Cuando es una familia con menores la que se encuentra en esa situación, la precariedad genera mucho sufrimiento y les condiciona el futuro.

La pobreza moderada no integrada la forman las personas o familias que viven en la economía sumergida, que en algunos casos es lícita y en otros no lo es, y muchas de ellas son perceptoras de algún tipo de subsidio: RGC, LISMI, RAI….

La crisis ha generado una sociedad más desigual con un amplio sector de la población que se ha empobrecido y no puede pagar los servicios básicos: luz, calefacción, alquiler….

 

Desde la Plataforma Social de Valladolid consideramos que para el Gobierno de la Junta de Castilla y León, NO es una prioridad prevenir la exclusión social y actuar para lograr la inclusión de las familias en riesgo de exclusión, muestra de ello es la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, la cual distingue que existen prestaciones esenciales y prestaciones no esenciales. A las prestaciones esenciales las reconoce el carácter de derecho subjetivo, y es obligatoria su prestación y no pueden estar limitadas por falta de financiación.

Cuando se lee la relación de prestaciones contempladas como esenciales se comprueba que aquí se incluyen todas aquellas cuya financiación es obligatoria, porque lo determinan otras leyes: Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Ley de protección de menores, etc.

Las que no se incluyen como prestaciones esenciales son aquellas dirigidas a la prevención e inclusión de las problemáticas sociales, así han quedado recogidas en el Catálogo de Servicios Sociales.

La Ley de Servicios Sociales de Castilla y León prevé en su artículo 31, la existencia de Equipos de Acción Social Básica, formados por personal técnico, que asumen, entre otras tareas: la coordinación y desarrollo de acciones preventivas, la promoción de la convivencia e integración familiar y social, la detección y diagnóstico de necesidades generales de la población de su zona, la elaboración de propuestas y evaluación de resultados. La realidad es que la sobresaturación que se sufre en los servicios sociales básicos reduce en la práctica su actuación al ámbito asistencial.

A lo largo de los años se han ido desarrollando Planes para la inclusión social  (en el año 2004 ya existía un Plan Sectorial, que no ha tenido ningún resultado efectivo), que se han quedado en meras declaraciones de intenciones, con extraordinarios principios  como la atención personalizada, pero sin la aportación de los medios necesarios (dotación presupuestaria) para que se haga efectiva; se han llegado a establecer acuerdos en el ámbito del Diálogo Social importantes pero que no suponen la asunción de medidas desde la globalidad y atajando esta problemática desde las estructuras.

 

Las principales claves de intervención ante la exclusión en las que coinciden los profesionales y entidades  con las que nos hemos reunido son:

-La necesaria actuación con los menores en su etapa escolar: “debe considerase prioritario el compromiso educativo y social con estos chavales, teniendo en cuenta la prioridad de motivación a los profesionales que trabajan  directamente con este colectivo”.

-La precariedad en la vivienda: “Alquileres altos, pérdida del domicilio familiar en favor de las entidades bancarias, el hacinamiento” (con los problemas de convivencia que generan…)

-Es necesario no limitar la intervención de las administraciones a la atención asistencial, quedando en segundo plano la prevención y la promoción.

-El principal medio para lograr la inclusión  social es el empleo: “La actual precarización (temporalidad y bajas remuneraciones) del mercado laboral hace que existan trabajadores y trabajadoras  en situación de pobreza, ésta es  la principal causa de la consolidación en la situación de exclusión social de muchas familias”.

Es necesario que las respuestas que se den desde las Administraciones sean específicas en función de cada tipo de colectivo al que se dirigen.

 

Medidas a desarrollar desde las Administraciones públicas:

– Implicar a todos los sectores de la sociedad a través de órganos de participación coordinados por los CEAS: vecinos, Administraciones, Tercer Sector…

-Priorizar la atención a los menores con proyectos de intervención de carácter social y educativo, dirigido tanto a ellos como a sus familias.

-Es necesario que el sistema educativo tenga en cuenta la diversidad existente y apique criterios diferentes en función de las características del alumnado. Evitando la creación de centros educativos “gueto” y aplicar medidas que reduzcan y  eliminen a los actualmente existentes. Para ello es necesario desarrollar en estos colegios un protocolo de actuación específico, que tenga entre otras las siguientes particularidades: Tener en cuenta las experiencias de buenas prácticas desarrolladas en otros centros, acondicionar la selección del profesorado de estos centros a la realidad de los mismos, dotar de autonomía a los equipos directivos para gestionar las ayudas,  así como asegurar la continuidad a los proyectos educativos adaptados a la realidad de los centros. Dada la labor social que debe desarrollarse en los mismos es fundamental reforzar la presencia de profesionales que del ámbito socioeducativo.

-Establecer un trabajo desde el ámbito de ocio y tiempo libre de los menores en propio espacio educativo, teniendo en cuenta el adecuado aprovechamiento de los recursos públicos (patios escolares en fines de semana, centros cívicos, escuela de música, así como otros servicios municipales), como ya se está aplicando, con éxito, en el programa de la actividad de piscina para niños y niñas impulsado desde el Ayuntamiento de Valladolid.

-Realizar un estudio de la población en riesgo de exclusión social, y, de forma específica sobre la situación de cada casa en aquellas zonas donde hay un elevado número de viviendas ocupadas por personas y familias en situación de exclusión o o en riesgo de estarlo.

-Que se cumpla la financiación prevista en la ley de Servicios Sociales de CYL, para dotar a los centros de acción social (CEAS) del personal y los recursos necesarios, para que se puedan establecer proyectos individualizados de inserción realizables y personalizados a cada familia, que permitan realmente salir de la exclusión social.

-Modificar el Catálogo de Servicios Sociales de la Junta, para incluir la prevención, participación comunitaria y la inclusión social  de las familias y de los menores que están en exclusión o en riesgo de estarlo, como prestaciones esenciales, por lo que los programas a desarrollar con estas personas no pueden estar condicionados a la disponibilidad económica.

-Políticas de vivienda asequibles a la economía de las familias.

– Políticas de empleo que impidan que los trabajadores sean pobres por la precariedad y los bajos salarios, incrementando las inspecciones de trabajo.

-Aprovechar las oportunidades que ofrece el medio rural como yacimiento de empleo y modo de vida alternativo al urbano, con políticas  que lo estimulen.

EN CONCLUSIÓN: LA PLATAFORMA SOCIAL DEMANDA A LAS ADMINiSTRACIONES QUE NO SÓLO FACILITEN AYUDAS ECONÓMICAS, SINO QUE SE DESARROLLEN MEDIDAS QUE ACABEN CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

Junio de 2017

 

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