En Abril la Junta vuelve a reducir la atención a las personas mayores en residencias públicas

A 30 de abril, las plazas en residencias públicas dependientes de la Junta de Castilla y León sufrieron un nuevo recorte en 69 plazas.

El 31 de marzo había en Castilla y León 8.944 personas en situación de dependencia atendidas en plazas públicas; un mes después la cifra se ha reducido en 69 personas. Ahora mismo son 8.875 las que disponen de una plaza pública.

Los datos que mensualmente publica el IMSERSO, referidos a las prestaciones de la Dependencia, evidencian un nuevo recorte en la atención residencial a las personas mayores, siendo ahora inferior al que se prestaba cuando comenzaron los recortes. Desde 2012, tanto el gobierno del PP en España, como en Castilla y León, iniciaron los recortes en dependencia, reduciendo desde entonces en 207 el número de plazas residenciales públicas, por lo que 207 personas han perdido la posibilidad de disponer de una plaza.

Mientras se produce el recorte de plazas públicas, se incrementa la política del “cheque servicio”, a través de la prestación económica vinculada; al no conceder una plaza pública, se está impulsando que las personas tengan que acudir a un centro privado. El crecimiento de la política del “Cheque servicio”, ha sido del 164%.

En la actualidad hay sólo 8.875 personas en situación de dependencia en una plaza pública, mientras que son 42.015 las que tienen que acudir a los centros privados con el “Cheque servicio”.

Las cantidades que la Junta concede a las personas dependientes a las que no les da una plaza pública, y tienen que acudir a un centro privado, en muchos casos son ridículas. Más de 2.000 personas reciben menos de 50 euros al mes, cuando el precio de las plazas residenciales supera los 1.800 euros.

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¿Por qué tantos fallecimientos en las Residencias de Personas Mayores?

Porque no existe una normativa que establezca que las residencias deben disponer del suficiente número de profesionales que garantice la atención a las personas que residen en ellas.

En Castilla y León  se ha buscado el ahorro económico, en vez de garantizar la calidad en la atención, dejando que sea la iniciativa privada quien atienda la demanda existente y creciente de plazas de residencia. Lo ha hecho pensando única y exclusivamente en el beneficio empresarial.

¿Qué proponemos desde la Plataforma Social?

Primero: Es necesario partir de la situación actual para poder conseguir resultados a corto plazo, con determinadas medidas que nos permitan construir un sistema de atención residencial que garantice que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida recibiendo la atención sanitaria que necesita en cada momento.

Segundo: La Administración Autonómica debe aprobar una regulación que alcance los ratios establecidos a nivel nacional. El planteamiento de la Junta de Castilla y León reduce el número de Auxiliares de Geriatría por debajo de la media española, ya de por si insuficiente.

Tercero: La Administración Autonómica debe garantizar en la regulación la atención sanitaria, y no limitarse a eliminar médicos y enfermeras de las residencias.

Cuarto: Que las residencias dispongan de los servicios de otros profesionales que contribuyen a garantizar el proyecto de vida de las personas mayores que viven en ellas: educadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, dietistas, trabajadores sociales y técnicos en animación sociocultural.

Quinto: Que la Junta incremente las cuantías de la prestación económica vinculada que concede la ley de la Dependencia, hasta cantidades que permitan abonar el coste real de las plazas residenciales. Hoy más de 2.000 personas reciben menos de 50 euros al mes.

Sexto: Diseñar un modelo residencial que a medio plazo garantice un mayor peso de lo Público, construyendo a largo plazo un mayor número de residencias de titularidad pública.

Séptimo: Que se incrementen las plazas residenciales de carácter sociosanitario y temporal, para que puedan estar atendidos los pacientes con alta hospitalaria que tienen necesidad de cuidados temporales; y para que las personas cuidadoras de dependientes tengan un mayor apoyo.

Octavo: Que  la Junta de Castilla y León admita en sus centros, en esta situación de COVID 19, a los mayores con necesidad de alojamiento y atención (por estar enfermos sus cuidadores, por vivir solos…); que anule las trabas administrativas que condicionan estar libres del virus, ya que una persona mayor con COVID 19 necesita atención, en los casos en los que no se lo puede prestar la familia, la persona está sola y no está ingresada en el Hospital.

Noveno: Incrementar y mejorar la labor inspectora en los Centros de Mayores dependientes de la  Junta de Castilla y León.

Ya nos hemos movido con anterioridad

Dejamos colgado aquí, de nuevo, el documento que hicimos llegar a la Consejera de Familia y al Presidente de la Junta, con nuestras propuestas para mejorar el nefasto Decreto regulatorio de Residencias, firmado junto a entidades que representan a las personas usuarias de las mismas, y a los/las profesionales que trabajan en ellas.

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Convocamos nuestra 3ª Mención “Solidaridad Invisible”

Con ella pretendemos reconocer y hacer visibles a aquellas personas que, día a día, desarrollan su trabajo remunerado o voluntario en favor de las personas más vulnerables.

Son muchas las personas que se dejan la piel, trabajando en programas y desarrollando proyectos con el objetivo de mejorar su calidad de vida, luchando además por unos servicios sociales dignos para todas y todos. Este trabajo no siempre es del todo valorado ni reconocido en su justa medida.

El pasado año este honor recayó en la persona de Doña Elena de la Fuente Estébanez, Coordinadora de Actividades Socioeducativas de la Asociación de Mujeres La Rondilla – Valladolid.

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Desde cualquier entidad o de forma individual, se abrirá un plazo para la presentación de candidaturas a esta Mención, siempre dentro del ámbito geográfico de Castilla y León. Dicho plazo comienza el 1 de Abril, y se extenderá hasta el 15 de Mayo, momento en el cual un Jurado, compuesto por dos miembros de la propia Plataforma, más una persona de especial relieve dentro de la difusión y defensa de los derechos sociales de nuestra Comunidad, deberá decidir entre todas las  propuestas presentadas.

Este año, dicho Jurado estará compuesto por Ana Casado y Juan José Fernández, los dos miembros citados de la Plataforma Social, y por Fernando Manero, Doctor en Geografía por la Universidad de Valladolid, y reciente Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. A buen seguro que, a pesar de la dificultad que conllevará la elección, estas tres personas serán capaces de elegir a la persona idónea para este reconocimiento.

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La Mención no llevará consigo asignación económica alguna, consistiendo en la entrega de un objeto que simbolizará el desprendimiento y las virtudes de la persona elegida para con la sociedad, en el cumplimiento de su tarea de defensa de los servicios sociales. Dicha entrega se realizará en un Acto previsto para el próximo Miércoles 3 de Junio,  y que tendrá lugar en el Centro Cívico Casa Cuna de la capital vallisoletana.

Desde el apartado “Mención Solidaridad Invisible” de este Blog, se pueden consultar y descargar las Bases completas por las que se rige la concesión. Asimismo, facilitamos un Modelo de presentación de candidaturas, necesario para realizar las propuestas a la Mención.

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La Junta de Castilla y León debe garantizar la calidad de la atención a las personas mayores en las residencias

Ante la situación que estamos viviendo en las residencias de personas mayores por la expansión del Covid-19, es necesaria una regulación que garantice la atención adecuada a los residentes.

Desde que en 2016 la Junta de Castilla y León aprobara un Decreto para regular el funcionamiento de las residencias de personas mayores, que posteriormente anuló el Tribunal Superior de Justicia, la Plataforma Social viene denunciando el escaso número de trabajadores que exigía, tanto de auxiliares de geriatría como de otros profesionales sanitarios; e incluso de personal que desarrolla actividades dirigidas al mantenimiento físico y cognitivo de las personas mayores.

Lamentablemente tienen que suceder situaciones como la que nos está tocando vivir con la pandemia generada por el Covid-19, para que se confirme lo que venimos denunciando.

En este momento la Consejería de Familia está a punto de aprobar nuevamente el Decreto anulado por el TSJ. Lo realmente grave es que las modificaciones que tiene el nuevo Decreto respecto del anterior son meramente estéticas, manteniéndose la escasez de personal en las residencias. El alto grado de envejecimiento de la población en Castilla y León hace que la atención residencial a las personas mayores sea una prioridad. No se puede ofrecer una atención adecuada, sin que exista un número de profesionales adecuado.

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Pero no sólo es necesario que exista un número de profesionales adecuado, sino que además estos profesionales estén mejor remunerados, porque la atención a las personas mayores no puede basarse en la precariedad laboral. No puede ser que la competitividad de los centros residenciales pase por reducir la calidad en la atención a las personas mayores y por unas condiciones precarias de los y las profesionales. Esto es extensible a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Sin profesionales no hay atención adecuada a los residentes.

El aspecto más llamativo es la supresión de médicos en los centros de menos de 90 plazas a partir del 31 de diciembre de 2021, lo que podría suponer que más de 25.000 personas mayores se quedaran sin médico en su residencia, siendo no menos importante que los centros dispongan de otros profesionales en número suficiente. Aquí se puede consultar completo el proyecto de Decreto.

La Plataforma Social, junto a otras nueve entidades que representan a las personas usuarias de las residencias, y a los y las profesionales que trabajan en ellas, hicimos llegar a la Consejera de Familia y al Presidente de la Junta nuestras propuestas para mejorar el nefasto Decreto. Esperamos que exista el suficiente grado de reflexión para que el Decreto que va a regular el funcionamiento de las residencias garantice la atención adecuada de las personas mayores.

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COMUNICADO DEL CEESCYL ANTE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA “AGENTE-TUTOR”

EL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN, colectivo compañero de esta Plataforma, ha redactado un comunicado ante el aumento de municipios de nuestra Comunidad donde se está poniendo en marcha el Programa “Agente-Tutor”.

Las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación respecto al papel a desempeñar por la figura de Agente-Tutor (policías locales), hicieron que les llegaran muchas peticiones de información y quejas al respecto. Desde el CEESCYL quisieron plantear un plan de trabajo a seguir, para llegar a elaborar un documento propio que reivindique al profesional de la educación social en el desempeño de las funciones atribuidas al Agente-Tutor.

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El Grupo de Trabajo del Colegio, y tras el envío de este comunicado a entidades locales que tienen en marcha la figura del “Agente-Tutor”, se ha mantenido en contacto con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, y con la Coordinadora del Programa en el Ayuntamiento de Valladolid, donde participan 72 Agentes-Tutores. Ambas instituciones se muestran abiertas a valorar las propuestas remitidas.

El Grupo está trabajando una metodología para abordar las próximas reuniones en base al alcance del Programa y las necesidades según contexto o ámbito de problemática. A partir de la información y la disponibilidad municipal, se intentarán acordar unos protocolos de actuación donde queden definidas las funciones de los Equipos técnicos de Servicios Sociales, Educativos, de Justicia. y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con competencias en cada uno de los ámbitos o contextos de la plantilla que se está diseñando para ello.

Dejamos aquí, para su consulta, el comunicado completo redactado por el CEESCYL.

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Demandamos a la Junta la modificación del Proyecto de Decreto que regula las Residencias de Personas Mayores

Organizaciones vecinales, de consumidores y de profesionales, demandan diálogo a la Junta para que el Decreto que está elaborando incremente las ratios de personal para garantizar la Atención Centrada en la Persona.

Los Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales, de Fisioterapeutas, de Trabajo Social, de Educadores Sociales, de dietistas y nutricionistas, la Federación de Asociaciones vecinales de Valladolid “Antonio Machado”, la Unión de Consumidores de España, la Federación de Servicios Públicos de UGT, la confederación de Asociaciones vecinales de Castilla y León, la Plataforma Social de Valladolid, y la Coordinadora en defensa del Sistema Público de pensiones, han elaborado un análisis del Proyecto de Decreto que está confeccionando la Consejería de Familia, en el que denuncian que mantiene los mismos errores  que los dos Decretos anteriores, los cuales fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Las organizaciones firmantes apuestan por el modelo de  “Atención Centrada en la Persona”. Modelo que es imposible desarrollar ante las ratios de personal de atención directa tan reducidas que establece, y la no exigencia de que los centros residenciales y de estancias diurnas dispongan de servicios profesionales de medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, educación social, dietética y nutrición y psicología.

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Momento de la rueda de prensa con los firmantes del documento de análisis

El Proyecto considera que “cuidar” a las personas es algo secundario, cuestión que las organizaciones firmantes consideramos que es fundamental para desarrollar el proyecto de vida de una persona. Para “cuidar” es necesario que las personas reciban los servicios de los profesionales  que tienen esa tarea.

El Proyecto no cumple el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, reduciendo las ratios de personal establecido para las residencias y centros de estancias diurnas de personas mayores. En la actualidad, la falta de Auxiliares de Geriatría que tienen los centros, hace que se reduzca la calidad de vida de las personas a las que tienen que atender.

La Presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, Margarita García, en representación de las organizaciones firmantes del documento, ha manifestado que “el Decreto no puede aprobarse sin que se escuche a los usuarios de las residencias y a sus familias, por lo que nos hemos dirigido al Presidente de la Junta para que tome en consideración las 15 demandas que le formulamos, y solicitamos tratar directamente con la Consejera de Familia”.

Dejamos aquí para su consulta el documento completo mencionado, que además quedará colgado para su descarga en nuestro apartado de Descarga de Documentación.

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Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar

Desde el 1 de abril de 2019 las personas que están reconocidas como cuidadoras de una persona en situación de dependencia, y que tienen reconocida la prestación de cuidados en el entorno familiar, tienen derecho a tener Seguridad Social, siendo el Gobierno de España quien abona las cuotas correspondientes.

Sin embargo, la mayoría de estas personas desconocen que tiene derecho al alta en la Seguridad Social. Dejamos colgado aquí un artículo del diaro El Norte de Castilla, donde explicamos el grado de desconocimiento, y asuntos afines aportados por la periodista responsable del mismo. Dicho artículo queda igualmente insertado en nuestro apartado de Descarga de Documentos.

Recordamos que el trámite para solicitar el alta es muy simple, teniendo únicamente que acudir a la Oficina de la Tesorería de la Seguridad Social con la Resolución de la Junta en la que se les reconoce como cuidadores en el entorno familiar.

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