Castilla y León reduce los grandes dependientes en el primer semestre de 2020

Los datos publicados por el IMSERSO confirman la reducción de grandes dependientes en Castilla y León.

Estos datos también confirman la reducción del número de personas atendidas a través de Servicios Públicos, y el incremento del “Cheque servicio” para la adquisición de Servicios Privados.

Los fallecidos durante la pandemia originada por el Covid-19, y la paralización en la tramitación de expedientes por parte de la Junta de Castilla y León, ha supuesto que al 30 de junio haya  1.516 grandes dependientes menos que al finalizar el año 2019.

 

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Grado III 33.662 32.146 -1.516
Grado II 35.058 34.886 -172
Grado I 37.649 38.078 429
Beneficiarios con derecho a prestación 106.369 105.110 -1.259
Beneficiarios con prestaciones 104.776 104.868 92
PE Vinculada 41.229 42.585 1.356
PE Cuidados familiar 27.376 28.168 792
Ayuda a domicilio 24.663 23.941 -722
Atención Residencial 9.030 8.332 698
Centro de día 8.328 8.014 -314
Asistente personal 1.192 1.285 93
Teleasistencia 13.825 14.414 589
Promoción y prevención 14.209 13.281 -928
Total 139.852 140.020 168
Cuidadores no profesionales 2.894 3.263 369

 

La ayuda a domicilio, la atención residencial y la atención en Centros de Día se han reducido, mientras crece la prestación económica vinculada (”cheque servicio”), que ya supone una de cada tres prestaciones.

Desde la Plataforma Social denunciamos la privatización que está impulsando la Junta de Castilla y León con su política de concesión de ayudas mínimas, lo que no permite acceder a los Servicios para la Dependencia a todas las personas.

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Ocho años luchando por los Servicios Sociales

En el año 2012, los recortes que el entonces Gobierno de España realizó a la ley de la Dependencia, motivaron que diversas entidades y asociaciones crearan la Plataforma Social de Valladolid, con el objetivo de luchar por unos Servicios Sociales de calidad.

En estos ocho años hemos realizado 65 acciones. Cuatro han sido los ámbitos en los que fundamentalmente hemos centrado muestra actividad:

  • La defensa de los Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar
  • La reversión de los recortes realizados a la Ley de la Dependencia
  • La inclusión de los colectivos en situación de vulnerabilidad social y económica
  • La atención residencial a las personas mayores

 

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Para ello hemos mantenido reuniones con los Ayuntamientos de Valladolid, Laguna de Duero o Medina del Campo, con la Diputación Provincial de Valladolid y la Junta de Castilla y León.  Elaborado documentos e informes, artículos de opinión, y celebrado ruedas de prensa. Participado en manifestaciones y concentraciones.

En la actualidad colaboramos con la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid “Antonio Machado”.

Dando cuenta de todo ello, se ha confeccionado un exhaustivo documento, que pretende además servir de balance de las acciones o denuncias realizadas y de los logros obtenidos, diferenciando las áreas de actuación y los objetivos a perseguir: Plataforma social. Balance 2012-2020. Quedará colgado permanentemente en nuestra sección de Descarga de Documentos.

Como consecuencia de la situación que estamos viviendo por el Covid 19, reiteramos nuestro compromiso por la defensa de los Servicios Sociales para todos y para todas.

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La Plataforma Social de Valladolid concede su Tercera Mención “Solidaridad Invisible”

En esta edición 2020, la Mención reconoce a uno de los colectivos más invisibles, y menos valorados, dentro de los Servicios Sociales: el de Auxiliares de Ayuda a la Dependencia, representado por María del Pilar Villar Hernández, Presidenta de la Asociación Vallisoletana “Empatía”

El contexto tan excepcional que estamos viviendo ha pesado en la decisión del Jurado sobre otras propuestas muy meritorias que, en otras circunstancias, se hubieran ponderado en mayor grado. Pero en el momento actual, cuando hemos conocido la repercusión de la Pandemia sobre las personas ingresadas en centros residenciales, no se ha dado a conocer lo suficiente de qué manera ha repercutido esta crisis en el sector de la ayuda a domicilio.

Es éste uno de los servicios denominados de proximidad, incluido dentro del Catálogo de Servicios de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. La Ley define que el servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria. Sin embargo, ésta definición técnica no recoge en profundidad la envergadura de la actividad que desempeñan las auxiliares de ayuda a domicilio, que en muchos casos requiere un gran esfuerzo físico y psicológico para relacionarse con las personas que atienden.

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En Castilla y León son más de 24.000 las personas mayores que tienen este servicio a través de la Ley de la Dependencia. Hay más de 5.000 personas trabajando en él, mayoritariamente mujeres, trabajando con contratos a tiempo parcial, con lo que sus ingresos no llegan siquiera al Salario Mínimo Interprofesional.

Durante el confinamiento vivido, las auxiliares de ayuda a domicilio han tenido que ir de casa en casa, procurando no contagiarse ni contagiar a las personas atendidas, con las que en muchos casos tienen que entrar en contacto físico para ayudarles en sus aseos personales. Cuando han tenido que atender a personas infectadas con el virus, han desarrollado su trabajo en condiciones muy especiales, ataviadas con buzo, gafas y mascarilla, lo que llega a producir estrés térmico.

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Miembros de la Asociación “Empatía” el día de la presentación de la misma

De forma merecida, otros colectivos profesionales están viendo su labor reconocida, mientras las auxiliarles de ayuda a domicilio están siendo las auténticas invisibles de los Servicios Sociales con carácter general, y de forma particular en el delicado momento que estamos viviendo.

Dadas las actuales circunstancias, el Acto de Entrega de esta Mención se pospone a la segunda quincena de Septiembre, anunciándose el mismo con la debida antelación por los medios de difusión habituales de la Plataforma.

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El modelo residencial que queremos

La Pandemia originada por el Covid-19 ha puesto en evidencia el fracaso del modelo residencial que venía desarrollando la Junta de Castilla y León.

Los Royales de Soria, Residencia Pública de la Gerencia de Servicios Sociales, que la Consejería de Familia ponía como ejemplo de su modelo residencial, ha sido una de las que más fallecidos ha tenido a causa del virus en Castilla y León, más de 40, lo que supone que ha fallecido uno de cada cuatro residentes.

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Después de que la Junta se haya visto obligada a retirar el Decreto que mal regulaba el funcionamiento de las residencias para personas mayores, desde la Plataforma Social planteamos cómo debe ser el futuro modelo de atención residencial, que desarrollamos esquemáticamente en el documento adjunto, que también quedará colgado en nuestra sección de Descarga de documentación.

Estos son los parámetros básicos que debe tener el futuro modelo residencial:

  • Frente a los recortes realizados por la Junta, es necesario incrementar el presupuesto para las políticas de atención a las personas mayores.
  • Debe hacerse una regulación que garantice la calidad en la atención de las 47.000 plazas residenciales que hay en Castilla y León, tanto en las públicas, como en las privadas.
  • Las residencias deben disponer del suficiente número de profesionales para garantizar, tanto la atención a las personas con un elevado grado de dependencia, como aquellas que son autónomas.
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En Abril la Junta vuelve a reducir la atención a las personas mayores en residencias públicas

A 30 de abril, las plazas en residencias públicas dependientes de la Junta de Castilla y León sufrieron un nuevo recorte en 69 plazas.

El 31 de marzo había en Castilla y León 8.944 personas en situación de dependencia atendidas en plazas públicas; un mes después la cifra se ha reducido en 69 personas. Ahora mismo son 8.875 las que disponen de una plaza pública.

Los datos que mensualmente publica el IMSERSO, referidos a las prestaciones de la Dependencia, evidencian un nuevo recorte en la atención residencial a las personas mayores, siendo ahora inferior al que se prestaba cuando comenzaron los recortes. Desde 2012, tanto el gobierno del PP en España, como en Castilla y León, iniciaron los recortes en dependencia, reduciendo desde entonces en 207 el número de plazas residenciales públicas, por lo que 207 personas han perdido la posibilidad de disponer de una plaza.

Mientras se produce el recorte de plazas públicas, se incrementa la política del “cheque servicio”, a través de la prestación económica vinculada; al no conceder una plaza pública, se está impulsando que las personas tengan que acudir a un centro privado. El crecimiento de la política del “Cheque servicio”, ha sido del 164%.

En la actualidad hay sólo 8.875 personas en situación de dependencia en una plaza pública, mientras que son 42.015 las que tienen que acudir a los centros privados con el “Cheque servicio”.

Las cantidades que la Junta concede a las personas dependientes a las que no les da una plaza pública, y tienen que acudir a un centro privado, en muchos casos son ridículas. Más de 2.000 personas reciben menos de 50 euros al mes, cuando el precio de las plazas residenciales supera los 1.800 euros.

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¿Por qué tantos fallecimientos en las Residencias de Personas Mayores?

Porque no existe una normativa que establezca que las residencias deben disponer del suficiente número de profesionales que garantice la atención a las personas que residen en ellas.

En Castilla y León  se ha buscado el ahorro económico, en vez de garantizar la calidad en la atención, dejando que sea la iniciativa privada quien atienda la demanda existente y creciente de plazas de residencia. Lo ha hecho pensando única y exclusivamente en el beneficio empresarial.

¿Qué proponemos desde la Plataforma Social?

Primero: Es necesario partir de la situación actual para poder conseguir resultados a corto plazo, con determinadas medidas que nos permitan construir un sistema de atención residencial que garantice que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida recibiendo la atención sanitaria que necesita en cada momento.

Segundo: La Administración Autonómica debe aprobar una regulación que alcance los ratios establecidos a nivel nacional. El planteamiento de la Junta de Castilla y León reduce el número de Auxiliares de Geriatría por debajo de la media española, ya de por si insuficiente.

Tercero: La Administración Autonómica debe garantizar en la regulación la atención sanitaria, y no limitarse a eliminar médicos y enfermeras de las residencias.

Cuarto: Que las residencias dispongan de los servicios de otros profesionales que contribuyen a garantizar el proyecto de vida de las personas mayores que viven en ellas: educadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, dietistas, trabajadores sociales y técnicos en animación sociocultural.

Quinto: Que la Junta incremente las cuantías de la prestación económica vinculada que concede la ley de la Dependencia, hasta cantidades que permitan abonar el coste real de las plazas residenciales. Hoy más de 2.000 personas reciben menos de 50 euros al mes.

Sexto: Diseñar un modelo residencial que a medio plazo garantice un mayor peso de lo Público, construyendo a largo plazo un mayor número de residencias de titularidad pública.

Séptimo: Que se incrementen las plazas residenciales de carácter sociosanitario y temporal, para que puedan estar atendidos los pacientes con alta hospitalaria que tienen necesidad de cuidados temporales; y para que las personas cuidadoras de dependientes tengan un mayor apoyo.

Octavo: Que  la Junta de Castilla y León admita en sus centros, en esta situación de COVID 19, a los mayores con necesidad de alojamiento y atención (por estar enfermos sus cuidadores, por vivir solos…); que anule las trabas administrativas que condicionan estar libres del virus, ya que una persona mayor con COVID 19 necesita atención, en los casos en los que no se lo puede prestar la familia, la persona está sola y no está ingresada en el Hospital.

Noveno: Incrementar y mejorar la labor inspectora en los Centros de Mayores dependientes de la  Junta de Castilla y León.

Ya nos hemos movido con anterioridad

Dejamos colgado aquí, de nuevo, el documento que hicimos llegar a la Consejera de Familia y al Presidente de la Junta, con nuestras propuestas para mejorar el nefasto Decreto regulatorio de Residencias, firmado junto a entidades que representan a las personas usuarias de las mismas, y a los/las profesionales que trabajan en ellas.

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Convocamos nuestra 3ª Mención “Solidaridad Invisible”

Con ella pretendemos reconocer y hacer visibles a aquellas personas que, día a día, desarrollan su trabajo remunerado o voluntario en favor de las personas más vulnerables.

Son muchas las personas que se dejan la piel, trabajando en programas y desarrollando proyectos con el objetivo de mejorar su calidad de vida, luchando además por unos servicios sociales dignos para todas y todos. Este trabajo no siempre es del todo valorado ni reconocido en su justa medida.

El pasado año este honor recayó en la persona de Doña Elena de la Fuente Estébanez, Coordinadora de Actividades Socioeducativas de la Asociación de Mujeres La Rondilla – Valladolid.

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Desde cualquier entidad o de forma individual, se abrirá un plazo para la presentación de candidaturas a esta Mención, siempre dentro del ámbito geográfico de Castilla y León. Dicho plazo comienza el 1 de Abril, y se extenderá hasta el 15 de Mayo, momento en el cual un Jurado, compuesto por dos miembros de la propia Plataforma, más una persona de especial relieve dentro de la difusión y defensa de los derechos sociales de nuestra Comunidad, deberá decidir entre todas las  propuestas presentadas.

Este año, dicho Jurado estará compuesto por Ana Casado y Juan José Fernández, los dos miembros citados de la Plataforma Social, y por Fernando Manero, Doctor en Geografía por la Universidad de Valladolid, y reciente Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. A buen seguro que, a pesar de la dificultad que conllevará la elección, estas tres personas serán capaces de elegir a la persona idónea para este reconocimiento.

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La Mención no llevará consigo asignación económica alguna, consistiendo en la entrega de un objeto que simbolizará el desprendimiento y las virtudes de la persona elegida para con la sociedad, en el cumplimiento de su tarea de defensa de los servicios sociales. Dicha entrega se realizará en un Acto previsto para el próximo Miércoles 3 de Junio,  y que tendrá lugar en el Centro Cívico Casa Cuna de la capital vallisoletana.

Desde el apartado “Mención Solidaridad Invisible” de este Blog, se pueden consultar y descargar las Bases completas por las que se rige la concesión. Asimismo, facilitamos un Modelo de presentación de candidaturas, necesario para realizar las propuestas a la Mención.

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La Junta de Castilla y León debe garantizar la calidad de la atención a las personas mayores en las residencias

Ante la situación que estamos viviendo en las residencias de personas mayores por la expansión del Covid-19, es necesaria una regulación que garantice la atención adecuada a los residentes.

Desde que en 2016 la Junta de Castilla y León aprobara un Decreto para regular el funcionamiento de las residencias de personas mayores, que posteriormente anuló el Tribunal Superior de Justicia, la Plataforma Social viene denunciando el escaso número de trabajadores que exigía, tanto de auxiliares de geriatría como de otros profesionales sanitarios; e incluso de personal que desarrolla actividades dirigidas al mantenimiento físico y cognitivo de las personas mayores.

Lamentablemente tienen que suceder situaciones como la que nos está tocando vivir con la pandemia generada por el Covid-19, para que se confirme lo que venimos denunciando.

En este momento la Consejería de Familia está a punto de aprobar nuevamente el Decreto anulado por el TSJ. Lo realmente grave es que las modificaciones que tiene el nuevo Decreto respecto del anterior son meramente estéticas, manteniéndose la escasez de personal en las residencias. El alto grado de envejecimiento de la población en Castilla y León hace que la atención residencial a las personas mayores sea una prioridad. No se puede ofrecer una atención adecuada, sin que exista un número de profesionales adecuado.

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Pero no sólo es necesario que exista un número de profesionales adecuado, sino que además estos profesionales estén mejor remunerados, porque la atención a las personas mayores no puede basarse en la precariedad laboral. No puede ser que la competitividad de los centros residenciales pase por reducir la calidad en la atención a las personas mayores y por unas condiciones precarias de los y las profesionales. Esto es extensible a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Sin profesionales no hay atención adecuada a los residentes.

El aspecto más llamativo es la supresión de médicos en los centros de menos de 90 plazas a partir del 31 de diciembre de 2021, lo que podría suponer que más de 25.000 personas mayores se quedaran sin médico en su residencia, siendo no menos importante que los centros dispongan de otros profesionales en número suficiente. Aquí se puede consultar completo el proyecto de Decreto.

La Plataforma Social, junto a otras nueve entidades que representan a las personas usuarias de las residencias, y a los y las profesionales que trabajan en ellas, hicimos llegar a la Consejera de Familia y al Presidente de la Junta nuestras propuestas para mejorar el nefasto Decreto. Esperamos que exista el suficiente grado de reflexión para que el Decreto que va a regular el funcionamiento de las residencias garantice la atención adecuada de las personas mayores.

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COMUNICADO DEL CEESCYL ANTE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA “AGENTE-TUTOR”

EL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN, colectivo compañero de esta Plataforma, ha redactado un comunicado ante el aumento de municipios de nuestra Comunidad donde se está poniendo en marcha el Programa “Agente-Tutor”.

Las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación respecto al papel a desempeñar por la figura de Agente-Tutor (policías locales), hicieron que les llegaran muchas peticiones de información y quejas al respecto. Desde el CEESCYL quisieron plantear un plan de trabajo a seguir, para llegar a elaborar un documento propio que reivindique al profesional de la educación social en el desempeño de las funciones atribuidas al Agente-Tutor.

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El Grupo de Trabajo del Colegio, y tras el envío de este comunicado a entidades locales que tienen en marcha la figura del “Agente-Tutor”, se ha mantenido en contacto con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, y con la Coordinadora del Programa en el Ayuntamiento de Valladolid, donde participan 72 Agentes-Tutores. Ambas instituciones se muestran abiertas a valorar las propuestas remitidas.

El Grupo está trabajando una metodología para abordar las próximas reuniones en base al alcance del Programa y las necesidades según contexto o ámbito de problemática. A partir de la información y la disponibilidad municipal, se intentarán acordar unos protocolos de actuación donde queden definidas las funciones de los Equipos técnicos de Servicios Sociales, Educativos, de Justicia. y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con competencias en cada uno de los ámbitos o contextos de la plantilla que se está diseñando para ello.

Dejamos aquí, para su consulta, el comunicado completo redactado por el CEESCYL.

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Demandamos a la Junta la modificación del Proyecto de Decreto que regula las Residencias de Personas Mayores

Organizaciones vecinales, de consumidores y de profesionales, demandan diálogo a la Junta para que el Decreto que está elaborando incremente las ratios de personal para garantizar la Atención Centrada en la Persona.

Los Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales, de Fisioterapeutas, de Trabajo Social, de Educadores Sociales, de dietistas y nutricionistas, la Federación de Asociaciones vecinales de Valladolid “Antonio Machado”, la Unión de Consumidores de España, la Federación de Servicios Públicos de UGT, la confederación de Asociaciones vecinales de Castilla y León, la Plataforma Social de Valladolid, y la Coordinadora en defensa del Sistema Público de pensiones, han elaborado un análisis del Proyecto de Decreto que está confeccionando la Consejería de Familia, en el que denuncian que mantiene los mismos errores  que los dos Decretos anteriores, los cuales fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Las organizaciones firmantes apuestan por el modelo de  “Atención Centrada en la Persona”. Modelo que es imposible desarrollar ante las ratios de personal de atención directa tan reducidas que establece, y la no exigencia de que los centros residenciales y de estancias diurnas dispongan de servicios profesionales de medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, educación social, dietética y nutrición y psicología.

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Momento de la rueda de prensa con los firmantes del documento de análisis

El Proyecto considera que “cuidar” a las personas es algo secundario, cuestión que las organizaciones firmantes consideramos que es fundamental para desarrollar el proyecto de vida de una persona. Para “cuidar” es necesario que las personas reciban los servicios de los profesionales  que tienen esa tarea.

El Proyecto no cumple el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, reduciendo las ratios de personal establecido para las residencias y centros de estancias diurnas de personas mayores. En la actualidad, la falta de Auxiliares de Geriatría que tienen los centros, hace que se reduzca la calidad de vida de las personas a las que tienen que atender.

La Presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, Margarita García, en representación de las organizaciones firmantes del documento, ha manifestado que “el Decreto no puede aprobarse sin que se escuche a los usuarios de las residencias y a sus familias, por lo que nos hemos dirigido al Presidente de la Junta para que tome en consideración las 15 demandas que le formulamos, y solicitamos tratar directamente con la Consejera de Familia”.

Dejamos aquí para su consulta el documento completo mencionado, que además quedará colgado para su descarga en nuestro apartado de Descarga de Documentación.

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