Castilla y León en el primer semestre de 2017, continúa reduciendo la atención a los grandes dependientes

Según los datos del primer semestre de 2017, publicados por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, Castilla y León pierde más de 1.000 personas en situación de gran dependencia.

Lo que caracteriza a Castilla y León, desde que el gobierno de Rajoy comenzó con los recortes a la ley de la Dependencia, es la constante reducción en el número de personas en situación de gran dependencia, que desde 2012 se han reducido en 4.233. Habiéndose reducido nuevamente en el primer semestre de 2017, en 1.016 personas reconocidas.

 

  dic.-16 jun.-17 mayo 2017-dic 2016
Grado III 28.204 27.188 -1.016
Grado II 29.590 30.318 728
Grado I 28.032 29.284 1.252
Beneficiarios con derecho a prestación 85.826 86.790 964
Beneficiarios con prestaciones 85.301 85.607 306
PE Vinculada 24.737 24.352 -385
PE Cuidados familiar 23.961 24.039 78
Ayuda a domicilio 22.596 22.462 -134
Atención Residencial 8.456 8.462 6
Centro de día 8.332 8.326 -6
Asistente personal 309 347 38
Teleasistencia 8.368 8.326 -42
Promoción y prevención 12.590 12.832 242
Fuente: Ministerio de Sanidad y Servicios sociales

El crecimiento del número de personas reconocidas en situación de dependencia,  se produce fundamentalmente en los dependientes más leves. El endurecimiento de las condiciones para reconocer el grado de dependencia está produciendo una situación “casi milagrosa” en nuestra Comunidad, donde ya apenas se identifica a grandes dependientes, pero no porque no les haya, sino porque  no se les reconoce.

Del análisis de la evolución de las prestaciones se observa una reducción en el número de beneficiarios que reciben la prestación económica vinculada, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Y un incremento de los dependientes que optan por los cuidados en el entorno familiar, el asistente personal y la promoción de la autonomía personal.

Desde la Plataforma Social se quiere resaltar que, a pesar de los recortes sufridos en la “prestación de cuidados en el entorno familiar”, es significativo que se siga produciendo un incremento en el número de personas y familias que optan por la misma, lo que evidencia la necesidad de mantenerla. Esto de produce porque muchas familias siguen considerando que es la mejor opción  para estar cerca de sus seres queridos.

Desde la Plataforma Social seguimos demandando a la Junta de Castilla y León que revierta lo recortes realizados a este colectivo.

 

Valladolid, 26 de julio de 2017

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La Plataforma Social de Valladolid ha presentado sus propuestas para erradicar la exclusión social

logo-blog-papaLa Plataforma Social de Valladolid ha presentado sus propuestas para erradicar la exclusión social

 

Al Plataforma ha mantenido diversas reuniones con asociaciones implicadas en la intervención social en diversos barrios de la ciudad, y con profesionales del sistema educativo y profesionales de la educación social, con el objetivo de elaborar propuestas que se plantearan a las Administraciones municipales y autonómica, para solicitarles que desarrollen políticas que erradiquen la exclusión.

 

Desde la Plataforma se valora de forma positiva, aunque insuficiente, la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia y otras prestaciones económicas que se conceden a las personas en situación de necesidad o pobreza. Pero si estas medidas no se acompañan de programas de prevención de la exclusión e inserción social, no  estará contribuyendo a una convivencia normalizada en la sociedad.

 

El incumplimiento de la financiación del personal técnico de los servicios sociales básicos establecido en la Ley de Servicios Sociales de  Castilla y León por parte de la Junta ha generado plantillas de trabajadores insuficientes que tiene saturados los CEAS y obliga los profesionales a dedicarse de forma exclusiva a la concesión de ayudas, no desarrollando la intervención comunitaria.

 

La Plataforma Social demanda a las administraciones que no sólo faciliten ayudas económicas, sino que se desarrollen medidas que acaben con la exclusión social.

 

Valladolid, 14 de junio de 2017

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Fotografía de la PSV.

Medidas a desarrollar para reducir la población en riesgo de exclusión social.

Desde la Plataforma Social de Valladolid, venimos comprobando la ineficacia de las actuaciones desarrolladas por las distintas Administraciones públicas para combatir la exclusión social de la población afectada o en riesgo de estarlo. Con el objetivo de buscar alternativas más eficaces, hemos mantenido diversas reuniones con entidades sociales, profesionales de la educación social y equipos directivos de los centros de educación que desarrollan su actividad con familias o con menores en situación de pobreza o en riesgo de exclusión, para conocer sus realidades y conocer sus perspectivas. Como conclusión de estas reuniones, desde la Plataforma Social de Valladolid, hemos elaborado un conjunto de propuestas, para que, desde las administraciones públicas con competencias en materia de servicios sociales y educación, se tomen en consideración.

 

Diferencia entre pobreza y exclusión social.

Es necesario distinguir entre pobreza y exclusión social, porque una persona en situación de pobreza puede salir de ella con diversos apoyos que le permitan mejorar su situación económica. De la exclusión es mucho más difícil escapar porque no exige sólo una mejora en la situación económica, sino que requiere un cambio radical en la forma de vida. Lo más grave es que la situación de exclusión se transmite a los niños y las niñas.

A la pobreza la podemos clasificar en pobreza extrema o marginal y pobreza moderada, dividiéndose a la vez esta última en integrada y no integrada.

La pobreza extrema está al margen del ciclo económico, una parte la forman las denominadas personas “sin techo” y otra la forman familias enteras que viven en una cultura de marginalidad, con hábitos de vida muy arraigados, en chabolas o viviendas muy precarias. Los hijos e hijas de estas familias, sino salen de ese entorno, cuestión que no es frecuente, continúan viviendo en la marginalidad. Para superarlo sería necesario saltarse una generación de convivencia en estas condiciones y hacer una gran apuesta por la educación.

Las personas “sin techo” se incluirían dentro de la pobreza extrema, no son muchas, pero son más visibles.

 

Las personas en situación de pobreza moderada integrada, son generalmente personas que viven solas con ingresos mínimos, normalmente personas mayores, siendo el colectivo de viudas el más destacado,  que viven con mucha austeridad.  Cuando es una familia con menores la que se encuentra en esa situación, la precariedad genera mucho sufrimiento y les condiciona el futuro.

La pobreza moderada no integrada la forman las personas o familias que viven en la economía sumergida, que en algunos casos es lícita y en otros no lo es, y muchas de ellas son perceptoras de algún tipo de subsidio: RGC, LISMI, RAI….

La crisis ha generado una sociedad más desigual con un amplio sector de la población que se ha empobrecido y no puede pagar los servicios básicos: luz, calefacción, alquiler….

 

Desde la Plataforma Social de Valladolid consideramos que para el Gobierno de la Junta de Castilla y León, NO es una prioridad prevenir la exclusión social y actuar para lograr la inclusión de las familias en riesgo de exclusión, muestra de ello es la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, la cual distingue que existen prestaciones esenciales y prestaciones no esenciales. A las prestaciones esenciales las reconoce el carácter de derecho subjetivo, y es obligatoria su prestación y no pueden estar limitadas por falta de financiación.

Cuando se lee la relación de prestaciones contempladas como esenciales se comprueba que aquí se incluyen todas aquellas cuya financiación es obligatoria, porque lo determinan otras leyes: Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Ley de protección de menores, etc.

Las que no se incluyen como prestaciones esenciales son aquellas dirigidas a la prevención e inclusión de las problemáticas sociales, así han quedado recogidas en el Catálogo de Servicios Sociales.

La Ley de Servicios Sociales de Castilla y León prevé en su artículo 31, la existencia de Equipos de Acción Social Básica, formados por personal técnico, que asumen, entre otras tareas: la coordinación y desarrollo de acciones preventivas, la promoción de la convivencia e integración familiar y social, la detección y diagnóstico de necesidades generales de la población de su zona, la elaboración de propuestas y evaluación de resultados. La realidad es que la sobresaturación que se sufre en los servicios sociales básicos reduce en la práctica su actuación al ámbito asistencial.

A lo largo de los años se han ido desarrollando Planes para la inclusión social  (en el año 2004 ya existía un Plan Sectorial, que no ha tenido ningún resultado efectivo), que se han quedado en meras declaraciones de intenciones, con extraordinarios principios  como la atención personalizada, pero sin la aportación de los medios necesarios (dotación presupuestaria) para que se haga efectiva; se han llegado a establecer acuerdos en el ámbito del Diálogo Social importantes pero que no suponen la asunción de medidas desde la globalidad y atajando esta problemática desde las estructuras.

 

Las principales claves de intervención ante la exclusión en las que coinciden los profesionales y entidades  con las que nos hemos reunido son:

-La necesaria actuación con los menores en su etapa escolar: “debe considerase prioritario el compromiso educativo y social con estos chavales, teniendo en cuenta la prioridad de motivación a los profesionales que trabajan  directamente con este colectivo”.

-La precariedad en la vivienda: “Alquileres altos, pérdida del domicilio familiar en favor de las entidades bancarias, el hacinamiento” (con los problemas de convivencia que generan…)

-Es necesario no limitar la intervención de las administraciones a la atención asistencial, quedando en segundo plano la prevención y la promoción.

-El principal medio para lograr la inclusión  social es el empleo: “La actual precarización (temporalidad y bajas remuneraciones) del mercado laboral hace que existan trabajadores y trabajadoras  en situación de pobreza, ésta es  la principal causa de la consolidación en la situación de exclusión social de muchas familias”.

Es necesario que las respuestas que se den desde las Administraciones sean específicas en función de cada tipo de colectivo al que se dirigen.

 

Medidas a desarrollar desde las Administraciones públicas:

– Implicar a todos los sectores de la sociedad a través de órganos de participación coordinados por los CEAS: vecinos, Administraciones, Tercer Sector…

-Priorizar la atención a los menores con proyectos de intervención de carácter social y educativo, dirigido tanto a ellos como a sus familias.

-Es necesario que el sistema educativo tenga en cuenta la diversidad existente y apique criterios diferentes en función de las características del alumnado. Evitando la creación de centros educativos “gueto” y aplicar medidas que reduzcan y  eliminen a los actualmente existentes. Para ello es necesario desarrollar en estos colegios un protocolo de actuación específico, que tenga entre otras las siguientes particularidades: Tener en cuenta las experiencias de buenas prácticas desarrolladas en otros centros, acondicionar la selección del profesorado de estos centros a la realidad de los mismos, dotar de autonomía a los equipos directivos para gestionar las ayudas,  así como asegurar la continuidad a los proyectos educativos adaptados a la realidad de los centros. Dada la labor social que debe desarrollarse en los mismos es fundamental reforzar la presencia de profesionales que del ámbito socioeducativo.

-Establecer un trabajo desde el ámbito de ocio y tiempo libre de los menores en propio espacio educativo, teniendo en cuenta el adecuado aprovechamiento de los recursos públicos (patios escolares en fines de semana, centros cívicos, escuela de música, así como otros servicios municipales), como ya se está aplicando, con éxito, en el programa de la actividad de piscina para niños y niñas impulsado desde el Ayuntamiento de Valladolid.

-Realizar un estudio de la población en riesgo de exclusión social, y, de forma específica sobre la situación de cada casa en aquellas zonas donde hay un elevado número de viviendas ocupadas por personas y familias en situación de exclusión o o en riesgo de estarlo.

-Que se cumpla la financiación prevista en la ley de Servicios Sociales de CYL, para dotar a los centros de acción social (CEAS) del personal y los recursos necesarios, para que se puedan establecer proyectos individualizados de inserción realizables y personalizados a cada familia, que permitan realmente salir de la exclusión social.

-Modificar el Catálogo de Servicios Sociales de la Junta, para incluir la prevención, participación comunitaria y la inclusión social  de las familias y de los menores que están en exclusión o en riesgo de estarlo, como prestaciones esenciales, por lo que los programas a desarrollar con estas personas no pueden estar condicionados a la disponibilidad económica.

-Políticas de vivienda asequibles a la economía de las familias.

– Políticas de empleo que impidan que los trabajadores sean pobres por la precariedad y los bajos salarios, incrementando las inspecciones de trabajo.

-Aprovechar las oportunidades que ofrece el medio rural como yacimiento de empleo y modo de vida alternativo al urbano, con políticas  que lo estimulen.

EN CONCLUSIÓN: LA PLATAFORMA SOCIAL DEMANDA A LAS ADMINiSTRACIONES QUE NO SÓLO FACILITEN AYUDAS ECONÓMICAS, SINO QUE SE DESARROLLEN MEDIDAS QUE ACABEN CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

Junio de 2017

 

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La Plataforma Social demanda a la Consejería de Familia que las residencias  dispongan de profesionales que garanticen la calidad en la atención a las personas mayores

logo-blog-papaLa Plataforma Social demanda a la Consejería de Familia que las residencias  dispongan de profesionales que garanticen la calidad en la atención a las personas mayores.

 

Como consecuencia de la anulación por el TSJ, del Decreto que regula el funcionamiento de las Residencias y Centros de Día para Personas Mayores, la Consejería de Familia se ha visto obligada a rehacer su contenido. Al nuevo proyecto de Decreto la Plataforma Social ha presentado, a través del registro de la Junta, la demanda de que el texto incluya la obligación de que los centros dispongan de los profesionales necesarios (médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas,  psicólogos, educadores sociales, etc.) que garanticen la calidad en la atención que se presta a los Mayores.

En la mañana de hoy los representantes de la Plataforma Social, Manuel Ferrero y José Luis Peñas han presentado las propuestas que formula ésta para mejora el texto elaborado por la Consejería.

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Foto de la Plataforma Social de Valladolid.

La Plataforma Social demanda que el futuro Decreto incluya las siguientes medidas: Que los centros además de disponer de un profesional que sea responsable de la programación, disponga  de otros profesionales específicos; que se mantenga el ratio de profesionales de atención directa que se recogía en el Decreto anulado; que se mantengan la exigencias técnicas de espacios y dimensiones en los centros que se venían exigiendo hasta este momento; que a los usuarios y familiares se le facilite la documentación que debe garantizar la calidad en la atención: el Plan General del Centro, el Reglamento de Régimen interior, la Carta de Servicios y el Plan de Calidad del Centro; y por último, que la Junta genere una dotación presupuestaria para contribuir a financiar la Unidades de Convivencia.

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Foto de la Plataforma Social de Valladolid.

La Plataforma Social considera que la falta de concreciones en el nuevo Decreto que está elaborando la Consejería afecta de forma negativa a la calidad en la atención a las Personas Mayores.

Valladolid, 7 de junio de 2017.

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La Estrategia de prevención de la Dependencia de la Junta de CYL un nuevo fraude para las personas mayores.

logo-blog-papaLa Estrategia de prevención de la Dependencia para las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Activo, elaborado por la Consejería de Familia, es un nuevo fraude para las personas en situación de dependencia al carecer de dotación presupuestaria. No es creíble que se vayan a materializar las acciones anunciadas, porque desde la Junta se continúa haciendo lo contrario, y además porque no facilita los recursos humanos para que se puedan llevar a cabo.

Es un fraude que se anuncien 388 millones a los medios de comunicación y cuando se presenta el documento en la página Web de Gobierno Abierto de la Junta, no tiene presupuesto.

Es un fraude porque los recortes presupuestarios realizados por la Junta de Castilla y León a las políticas para las personas mayores supone que en 2016 se hayan destinado 10 millones menos de euros, que lo que se destinaba 5 años antes.

Es un fraude porque plantea 95 acciones, muchas de ellas  individualizadas para cada persona mayor, sin que prevea que se dote de más medios humanos para desarrollarlas.

Es un fraude porque plantea servicios de asesoramiento jurídico a los mayores de 55 años, cuando este servicio ya existía y lo suprimió. Y no plantea con qué medios se va a desarrollar.

Es un fraude porque plantea medidas como que hay que apoyar a los cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, poniendo en valor su papel social, su situación económica, sus condiciones laborales y facilitándoles su tiempo de ocio, cuando los recortes que les ha hecho la Junta han sido brutales, dejándoles con cuantías irrisorias de 31 euros al mes para atender a una persona con una gran dependencia.

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Foto de: Jorge Félix Alonso.

Es un fraude porque plantea que todas las personas en situación de dependencia en grado máximo reciban una máxima dedicación, y encarga esta función a voluntarios.

Es un fraude porque para lograr los objetivos plantea que existan para cada persona mayor un profesional de referencia, sin que se comprometa a incrementar las dotaciones del personal de los servicios sociales básicos.

En definitiva es un fraude porque elaborar una Estrategia sin las dotaciones económicas y de medios necesarios, son un engaño para las personas mayores.

Por ello la Plataforma Social de Valladolid demanda la retirada del actual documento y se vuelva a reelaborar incluyendo las dotaciones económicas específicas de cada acción y se incluya los recursos humanos con los que se va a desarrollar.

Valladolid 5 de abril de 2017.

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La PSV demanda recursos públicos para las personas que sufren enfermedad mental y graves alteraciones de conducta

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Sirva el caso de Dolores como ejemplo para conocer la falta de recursos en Castilla y León para atender a las personas que sufren enfermedades mentales y graves alteraciones de conducta, por lo que toda la responsabilidad de atención recae en los familiares más directos:

Dolores con 65 años padece una enfermedad mental y sufre alteraciones de conducta. Hasta el fallecimiento de su madre, se encargó ésta de su atención; y a partir de ese momento la responsabilidad recayó en sus hermanos, pensionistas y que como es de suponer tienen sus propias situaciones familiares a las que hacer frente.

Dolores ha pasado por diversos centros, pero al no ser adecuados a su enfermedad  siempre  termina en casa de los familiares, que no disponen de medios para poder atenderla y convivir con ella.

Estuvo ingresada en el Hospital Psiquiátrico largos periodos de tiempo,  y con posterioridad se la alojó en un piso tutelado con otros enfermos mentales, de donde la expulsaron por los problemas que originaba con los otros residentes de la vivienda.

Una resolución judicial determina su ingreso en una residencia privada de personas mayores, sin que esté acondicionada a su patología,  y con un coste muy superior a la pensión que percibe,  teniendo que hacer frente a la diferencia sus hermanos. Por el elevado coste de la plaza en la residencia privada la tiene que dejar y volver a casa de los familiares, donde permanece hasta que la situación se vuelve insoportable.

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Foto de Jorge Félix Alonso.

En su día la Consejería de Familia pone en funcionamiento una mini residencia para enfermos mentales de Ávila (en Valladolid no hay ningún centro de estas características), y la Comisión Mixta Regional de Salud Mental acuerda  su ingreso en este centro, siendo desestimado por la Comisión provincial de Ávila argumentando sus problemas de conducta sin darle opción a un periodo de prueba mínimo y valorar así su posible adaptación.

El Procurador del Común a la queja presentada por la familia de Dolores, emitió una Resolución en la que sugería a la Junta que se facilitara la atención adecuada a través una plaza residencial adaptada a personas con enfermedad mental y alteraciones de conducta y si no existían, deberían crearse.

La Consejería de Familia, ante la Resolución del Procurador del Común, plantea alojarla en una vivienda supervisada (o sea que durante el día pasaría un técnico a hacer una visita, pero estaría todo el día sola). La familia no aceptó esta solución entendiendo que “cómo era posible que no se la admitiera, en una mini residencia, donde se dispone de medios para atender las veinticuatro horas del día a los residentes, y pretende alojarla en una vivienda sin control permanente ya que daría lugar a problemas para ella y para los vecinos del inmueble”.

Tras estos episodios Dolores se incorpora a vivir con un hermano, volviendo a crearse problemas con los vecinos, por lo que la familia volvió a ingresarla en una residencia privada de mayores que dispone de atención para personas con problemas de enfermedad mental. El coste de esta residencia supera ampliamente la pensión de Dolores y es la  familia la que está asumiendo todos los gastos, ante el desinterés y la falta de sensibilidad de la Consejería.

 Dolores es dependiente en grado 2 y La Junta de Castilla y León le ha adjudicado una prestación económica mensual para poder sufragar los gastos de la residencia privada de 30€, sin embargo a los familiares de Dolores lo que más le molesta es escuchar a la Consejera de Familia, los esfuerzos y lo mucho que hace la Junta de Castilla y León por las personas con enfermedad mental.

En conclusión: la atención de Dolores sigue recayendo exclusivamente en su familia, que es quien paga el centro donde se encuentra, la Junta de CYL no ha hecho caso a la Resolución del Procurador del Común y en nuestra Comunidad seguimos sin plazas para atender a las personas con enfermedad mental .

Ante la carencia de plazas para la atención de personas con enfermedad mental y graves alteraciones de conducta, la Plataforma Social de Valladolid, demanda a la Junta de Castilla y León la creación de este tipo de plazas.

 

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Propuestas que formula la Plataforma Social de Valladolid al Proyecto de Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores de Castilla y León

logo-blog-papaDespués de la anulación por parte del TSJ del Decreto que regulaba la autorización y funcionamiento de las residencias y centros de estancias diurnas, la Junta de CYL ha preparado un nuevo Decreto. La Plataforma Social de Valladolid ha presentado las siguientes propuestas en la Web de gobierno abierto:

En el artículo 36 ahora se incluye una relación de profesionales técnicos, que podrán contratarse, pero lo único que exige es que deben saber programar, evaluar, coordinar y hacer seguimiento. Da lo mismo que sea un médico, un fisioterapeuta, un educador social, un psicólogo, un trabajador social, un enfermero, terapeuta ocupacional  o un nutricionista.

(Llegando al absurdo de si en un centro contratan a un trabajador social y alguien se pone enfermo, se supone que le deberá diagnosticar el trabajador social.)

  • Propuesta 1:

Debe existir un profesional con la formación adecuada para realizar la programación, coordinación, evaluación y seguimiento de todas las actuaciones del resto de profesionales en relación con la atención prestada a los usuarios además de los profesionales (médico, fisioterapeuta, educador social, psicólogo, trabajador social, enfermero, terapeuta ocupacional  o nutricionista) necesarios para garantizar la calidad de vida a las personas usuarias de los centros.

 

En el Artículo 37 se reduce el ratio de personal de atención directa.

  • Propuesta 2:

Se debe mantener el ratio de personal de atención directa establecido en el Decreto 2/2016 (ahora anulado).

Se modifican diversas disposiciones relativas a los requerimientos arquitectónicos de las residencias, remitiéndose de unos artículos a otros y a la vez al decreto que se derogó: Un galimatías

Sería más razonable mantener las exigencias del Decreto que se derogó e incorporar la regulación específica para  las Unidades de Convivencia que es lo novedoso.

  • Propuesta 3:

En el capítulo III que se mantengan los exigencias técnicas establecidas en el Decreto 14/2001, ampliándose con la regulación específica que se establezca para las Unidades de Convivencia.

  • Propuesta 4:

Que a los usuarios o a sus familiares se les facilite el Plan General del Centro, el Reglamento de Régimen Interior,  la Carta de Servicios y el Plan de Gestión de la Calidad del Centro.

  • Propuesta 5:

Que se genere una dotación presupuestaria desde la Junta de Castilla y León, para contribuir a la financiación de la implantación de las Unidades de Convivencia.

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La plataforma social denuncia el incumplimiento de la ley para las personas con discapacidad

logo-blog-papaEl pasado día 13 de febrero el BOCYL publicaba el Plan Estratégico de igualdad para las personas con discapacidad 2016 – 2020. La publicación en 2017 de un Plan que se anuncia que comienza el año anterior, evidencia el primer incumplimiento del mismo.

En mayo de 2013 se aprobaba la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La aprobación de esta ley fue un compromiso incumplido del Presidente, Juan Vicente Herrera, en la legislatura 2007 – 2011, y cuando se aprueba en 2013, su aplicación se confía al Plan Estratégico que por fin ahora se aprueba casi cuatro años después de aprobada la ley. Éste es otro de los incumplimientos, puesto que entre sus disposiciones estaba su aprobación antes de finalizar 2014.

En el Plan se anuncia que en 2016 se va a destinar un presupuesto de 82,6 millones de euros, y que en el conjunto de los cuatro años, se destinarán 752 millones de euros. La credibilidad de que se vaya a destinar esa cuantía en cuatro años es tan creíble como la cuantía que se ha destinado al Plan en 2016, que no estaba aprobado.  Por prometer millones que no quede.

La ley establece que el Plan Estratégico será informado por el Consejo Autonómico de las Personas con discapacidad, que es el órgano que debió crearse para ser el interlocutor entre la Junta y el tejido social. Otro incumplimiento de la Consejería de Familia, pues sin haber comenzado aplicar la ley, la Consejería suprimió el Consejo y con ello las competencias que le confería la ley y lo sustituyó por un órgano descafeinado de los que le gusta a la Junta, que no tiene ningún margen de control real de la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

El Plan reitera objetivos y conceptos ya incluidos en la ley, como suele ser habitual en  los documentos que elabora la Consejería de Familia, repetir el mismo conjunto de compromisos, pero sin ninguna voluntad de desarrollarles.  Así mismo incluye medidas con las que se tiene que estar de acuerdo porque son demandas de las familias y asociaciones desde hace años, que en muchos momentos su aplicación ha sido prometida por el presidente de la Junta y los respectivos consejeros, como es la tantas veces anunciada cuota de personas con discapacidad que debe trabajar en la Administración Autonómica, pero después del tiempo que se ha tardado en elaborar el Plan, sólo se enuncian en infinitivo y no en imperativo, lo que nuevamente conducirá a que estas medidas nos las volvamos a encontrar en el próximo Plan.

El Plan prevé una evaluación anual, pero sino existe un órgano que pueda contar con la información y los medios adecuados, la evaluación nuevamente se convertirá en unos informes hechos a la medida sin que exista un seguimiento real de lo que se hace y no se hace.

Por ello la Plataforma Social demanda la creación de un órgano formado por las entidades representativas de las personas con discapacidad, al que se facilite toda la información que precise y  se le dote de los medios adecuados para que pueda ejercer un control real de la ejecución del Plan. Es fundamental que el Plan Estratégico no sea nuevamente uno de los grandes anuncios que hace la Consejería de Familia, con gran despliegue de fanfarria y florituras, pero que no sirve para dar respuesta a las necesidades de las personas, en este caso las personas con discapacidad.   Esperemos que tome nota la Consejera de Familia.

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