La Estrategia de prevención de la Dependencia de la Junta de CYL un nuevo fraude para las personas mayores.

logo-blog-papaLa Estrategia de prevención de la Dependencia para las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Activo, elaborado por la Consejería de Familia, es un nuevo fraude para las personas en situación de dependencia al carecer de dotación presupuestaria. No es creíble que se vayan a materializar las acciones anunciadas, porque desde la Junta se continúa haciendo lo contrario, y además porque no facilita los recursos humanos para que se puedan llevar a cabo.

Es un fraude que se anuncien 388 millones a los medios de comunicación y cuando se presenta el documento en la página Web de Gobierno Abierto de la Junta, no tiene presupuesto.

Es un fraude porque los recortes presupuestarios realizados por la Junta de Castilla y León a las políticas para las personas mayores supone que en 2016 se hayan destinado 10 millones menos de euros, que lo que se destinaba 5 años antes.

Es un fraude porque plantea 95 acciones, muchas de ellas  individualizadas para cada persona mayor, sin que prevea que se dote de más medios humanos para desarrollarlas.

Es un fraude porque plantea servicios de asesoramiento jurídico a los mayores de 55 años, cuando este servicio ya existía y lo suprimió. Y no plantea con qué medios se va a desarrollar.

Es un fraude porque plantea medidas como que hay que apoyar a los cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, poniendo en valor su papel social, su situación económica, sus condiciones laborales y facilitándoles su tiempo de ocio, cuando los recortes que les ha hecho la Junta han sido brutales, dejándoles con cuantías irrisorias de 31 euros al mes para atender a una persona con una gran dependencia.

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Foto de: Jorge Félix Alonso.

Es un fraude porque plantea que todas las personas en situación de dependencia en grado máximo reciban una máxima dedicación, y encarga esta función a voluntarios.

Es un fraude porque para lograr los objetivos plantea que existan para cada persona mayor un profesional de referencia, sin que se comprometa a incrementar las dotaciones del personal de los servicios sociales básicos.

En definitiva es un fraude porque elaborar una Estrategia sin las dotaciones económicas y de medios necesarios, son un engaño para las personas mayores.

Por ello la Plataforma Social de Valladolid demanda la retirada del actual documento y se vuelva a reelaborar incluyendo las dotaciones económicas específicas de cada acción y se incluya los recursos humanos con los que se va a desarrollar.

Valladolid 5 de abril de 2017.

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La PSV demanda recursos públicos para las personas que sufren enfermedad mental y graves alteraciones de conducta

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Sirva el caso de Dolores como ejemplo para conocer la falta de recursos en Castilla y León para atender a las personas que sufren enfermedades mentales y graves alteraciones de conducta, por lo que toda la responsabilidad de atención recae en los familiares más directos:

Dolores con 65 años padece una enfermedad mental y sufre alteraciones de conducta. Hasta el fallecimiento de su madre, se encargó ésta de su atención; y a partir de ese momento la responsabilidad recayó en sus hermanos, pensionistas y que como es de suponer tienen sus propias situaciones familiares a las que hacer frente.

Dolores ha pasado por diversos centros, pero al no ser adecuados a su enfermedad  siempre  termina en casa de los familiares, que no disponen de medios para poder atenderla y convivir con ella.

Estuvo ingresada en el Hospital Psiquiátrico largos periodos de tiempo,  y con posterioridad se la alojó en un piso tutelado con otros enfermos mentales, de donde la expulsaron por los problemas que originaba con los otros residentes de la vivienda.

Una resolución judicial determina su ingreso en una residencia privada de personas mayores, sin que esté acondicionada a su patología,  y con un coste muy superior a la pensión que percibe,  teniendo que hacer frente a la diferencia sus hermanos. Por el elevado coste de la plaza en la residencia privada la tiene que dejar y volver a casa de los familiares, donde permanece hasta que la situación se vuelve insoportable.

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Foto de Jorge Félix Alonso.

En su día la Consejería de Familia pone en funcionamiento una mini residencia para enfermos mentales de Ávila (en Valladolid no hay ningún centro de estas características), y la Comisión Mixta Regional de Salud Mental acuerda  su ingreso en este centro, siendo desestimado por la Comisión provincial de Ávila argumentando sus problemas de conducta sin darle opción a un periodo de prueba mínimo y valorar así su posible adaptación.

El Procurador del Común a la queja presentada por la familia de Dolores, emitió una Resolución en la que sugería a la Junta que se facilitara la atención adecuada a través una plaza residencial adaptada a personas con enfermedad mental y alteraciones de conducta y si no existían, deberían crearse.

La Consejería de Familia, ante la Resolución del Procurador del Común, plantea alojarla en una vivienda supervisada (o sea que durante el día pasaría un técnico a hacer una visita, pero estaría todo el día sola). La familia no aceptó esta solución entendiendo que “cómo era posible que no se la admitiera, en una mini residencia, donde se dispone de medios para atender las veinticuatro horas del día a los residentes, y pretende alojarla en una vivienda sin control permanente ya que daría lugar a problemas para ella y para los vecinos del inmueble”.

Tras estos episodios Dolores se incorpora a vivir con un hermano, volviendo a crearse problemas con los vecinos, por lo que la familia volvió a ingresarla en una residencia privada de mayores que dispone de atención para personas con problemas de enfermedad mental. El coste de esta residencia supera ampliamente la pensión de Dolores y es la  familia la que está asumiendo todos los gastos, ante el desinterés y la falta de sensibilidad de la Consejería.

 Dolores es dependiente en grado 2 y La Junta de Castilla y León le ha adjudicado una prestación económica mensual para poder sufragar los gastos de la residencia privada de 30€, sin embargo a los familiares de Dolores lo que más le molesta es escuchar a la Consejera de Familia, los esfuerzos y lo mucho que hace la Junta de Castilla y León por las personas con enfermedad mental.

En conclusión: la atención de Dolores sigue recayendo exclusivamente en su familia, que es quien paga el centro donde se encuentra, la Junta de CYL no ha hecho caso a la Resolución del Procurador del Común y en nuestra Comunidad seguimos sin plazas para atender a las personas con enfermedad mental .

Ante la carencia de plazas para la atención de personas con enfermedad mental y graves alteraciones de conducta, la Plataforma Social de Valladolid, demanda a la Junta de Castilla y León la creación de este tipo de plazas.

 

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Propuestas que formula la Plataforma Social de Valladolid al Proyecto de Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores de Castilla y León

logo-blog-papaDespués de la anulación por parte del TSJ del Decreto que regulaba la autorización y funcionamiento de las residencias y centros de estancias diurnas, la Junta de CYL ha preparado un nuevo Decreto. La Plataforma Social de Valladolid ha presentado las siguientes propuestas en la Web de gobierno abierto:

En el artículo 36 ahora se incluye una relación de profesionales técnicos, que podrán contratarse, pero lo único que exige es que deben saber programar, evaluar, coordinar y hacer seguimiento. Da lo mismo que sea un médico, un fisioterapeuta, un educador social, un psicólogo, un trabajador social, un enfermero, terapeuta ocupacional  o un nutricionista.

(Llegando al absurdo de si en un centro contratan a un trabajador social y alguien se pone enfermo, se supone que le deberá diagnosticar el trabajador social.)

  • Propuesta 1:

Debe existir un profesional con la formación adecuada para realizar la programación, coordinación, evaluación y seguimiento de todas las actuaciones del resto de profesionales en relación con la atención prestada a los usuarios además de los profesionales (médico, fisioterapeuta, educador social, psicólogo, trabajador social, enfermero, terapeuta ocupacional  o nutricionista) necesarios para garantizar la calidad de vida a las personas usuarias de los centros.

 

En el Artículo 37 se reduce el ratio de personal de atención directa.

  • Propuesta 2:

Se debe mantener el ratio de personal de atención directa establecido en el Decreto 2/2016 (ahora anulado).

Se modifican diversas disposiciones relativas a los requerimientos arquitectónicos de las residencias, remitiéndose de unos artículos a otros y a la vez al decreto que se derogó: Un galimatías

Sería más razonable mantener las exigencias del Decreto que se derogó e incorporar la regulación específica para  las Unidades de Convivencia que es lo novedoso.

  • Propuesta 3:

En el capítulo III que se mantengan los exigencias técnicas establecidas en el Decreto 14/2001, ampliándose con la regulación específica que se establezca para las Unidades de Convivencia.

  • Propuesta 4:

Que a los usuarios o a sus familiares se les facilite el Plan General del Centro, el Reglamento de Régimen Interior,  la Carta de Servicios y el Plan de Gestión de la Calidad del Centro.

  • Propuesta 5:

Que se genere una dotación presupuestaria desde la Junta de Castilla y León, para contribuir a la financiación de la implantación de las Unidades de Convivencia.

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La plataforma social denuncia el incumplimiento de la ley para las personas con discapacidad

logo-blog-papaEl pasado día 13 de febrero el BOCYL publicaba el Plan Estratégico de igualdad para las personas con discapacidad 2016 – 2020. La publicación en 2017 de un Plan que se anuncia que comienza el año anterior, evidencia el primer incumplimiento del mismo.

En mayo de 2013 se aprobaba la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La aprobación de esta ley fue un compromiso incumplido del Presidente, Juan Vicente Herrera, en la legislatura 2007 – 2011, y cuando se aprueba en 2013, su aplicación se confía al Plan Estratégico que por fin ahora se aprueba casi cuatro años después de aprobada la ley. Éste es otro de los incumplimientos, puesto que entre sus disposiciones estaba su aprobación antes de finalizar 2014.

En el Plan se anuncia que en 2016 se va a destinar un presupuesto de 82,6 millones de euros, y que en el conjunto de los cuatro años, se destinarán 752 millones de euros. La credibilidad de que se vaya a destinar esa cuantía en cuatro años es tan creíble como la cuantía que se ha destinado al Plan en 2016, que no estaba aprobado.  Por prometer millones que no quede.

La ley establece que el Plan Estratégico será informado por el Consejo Autonómico de las Personas con discapacidad, que es el órgano que debió crearse para ser el interlocutor entre la Junta y el tejido social. Otro incumplimiento de la Consejería de Familia, pues sin haber comenzado aplicar la ley, la Consejería suprimió el Consejo y con ello las competencias que le confería la ley y lo sustituyó por un órgano descafeinado de los que le gusta a la Junta, que no tiene ningún margen de control real de la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

El Plan reitera objetivos y conceptos ya incluidos en la ley, como suele ser habitual en  los documentos que elabora la Consejería de Familia, repetir el mismo conjunto de compromisos, pero sin ninguna voluntad de desarrollarles.  Así mismo incluye medidas con las que se tiene que estar de acuerdo porque son demandas de las familias y asociaciones desde hace años, que en muchos momentos su aplicación ha sido prometida por el presidente de la Junta y los respectivos consejeros, como es la tantas veces anunciada cuota de personas con discapacidad que debe trabajar en la Administración Autonómica, pero después del tiempo que se ha tardado en elaborar el Plan, sólo se enuncian en infinitivo y no en imperativo, lo que nuevamente conducirá a que estas medidas nos las volvamos a encontrar en el próximo Plan.

El Plan prevé una evaluación anual, pero sino existe un órgano que pueda contar con la información y los medios adecuados, la evaluación nuevamente se convertirá en unos informes hechos a la medida sin que exista un seguimiento real de lo que se hace y no se hace.

Por ello la Plataforma Social demanda la creación de un órgano formado por las entidades representativas de las personas con discapacidad, al que se facilite toda la información que precise y  se le dote de los medios adecuados para que pueda ejercer un control real de la ejecución del Plan. Es fundamental que el Plan Estratégico no sea nuevamente uno de los grandes anuncios que hace la Consejería de Familia, con gran despliegue de fanfarria y florituras, pero que no sirve para dar respuesta a las necesidades de las personas, en este caso las personas con discapacidad.   Esperemos que tome nota la Consejera de Familia.

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La Plataforma Social de Valladolid demanda la creación de más plazas de atención sociosanitaria en situaciones sobrevenidas.

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Como consecuencia de la falta de camas para la atención sociosanitaria, el SACYL está creando situaciones de angustia a muchas familias, que se encuentran con la circunstancia de que se da el alta hospitalaria a personas en situación de incapacidad sobrevenida que no pueden desarrollar las actividades básicas de la vida diaria por carecer de movilidad. Por lo que requieren que se les continúe con la atención sanitaria asociada a su enfermedad y los cuidados personales que necesitan por su falta de autonomía.

Estas razones están generando graves problemas a las familias para hacer frente a dichas situaciones cuando se carece de medios para afrontarlas, dado que, en muchos casos, los hijos o familiares más cercanos que tienen que hacerse cargo de la atención se encuentran, en ocasiones, con problemas físicos como consecuencia de su edad, o tienen que trabajar, por lo que no es posible prestar la atención que requieren sus familiares después de ser dados de alta hospitalaria. Sin hablar de aquellos casos en los que se carece de un entorno familiar favorable para que se  les pueda atender.

Una vez más desde la Junta de Castilla y León, como de costumbre, se realizan anuncios que no se corresponden con la realidad de lo que con posterioridad hacen.

En 2011 las consejerías de Sanidad y Familia firmaron un protocolo para prestar atención sociosanitaria a aquellas personas que se encuentran inmovilizados y con grandes limitaciones físicas o psíquicas, y no es hasta 2013  cuando se comienzan a crear plazas de convalecencia sociosanitaria, pero la realidad es que en la actualidad siguen siendo insuficientes y son las familias, sin los medios adecuados, las que tienen que asumir la atención que no presta la Junta de Castilla y León, acarreándoles un grave problema de convivencia y humano,  al no poder prestar la atención que requieren sus familiares en situación de incapacidad sobrevenida.

Por otro lado existe una falta de transparencia absoluta en el acceso a las escasas plazas sociosanitarias  existentes en la actualidad.2017_02_02-18-40-43

A la vista de estos déficits, la Plataforma Social de Valladolid, demanda que se creen las plazas de convalecencia sociosanitaria suficientes, para que se pueda prestar la atención necesaria a las personas en situación de incapacidad sobrevenida, que no pueden desarrollar las actividades básicas de la vida diaria después de un alta hospitalaria, por encontrarse con su movilidad limitada y requieren que se continúe  prestándoles los cuidados personales que necesitan como consecuencia de su falta de autonomía, y se acceda y adjudiquen, dichas plazas, con total transparencia.

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La Plataforma Social de Valladolid denuncia los escasos resultados de las políticas dirigidas a evitar la exclusión social

logo-blog-papaDespués de las reuniones mantenidas con diversas entidades sociales que trabajan con los colectivos en riesgo de exclusión social en los barrios de Valladolid, que son las que mejor conocen esta realidad,  se constata la situación de cronificación en que se encuentran las personas que tienen que vivir por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

Desde el comienzo de la crisis económica en 2009, hasta su punto más álgido en octubre de 2012, se llegó a experimentar un incontrolable crecimiento de la población obligada a vivir por debajo del umbral de la pobreza. A pesar de que en 2013 se produjo un repunte en la creación del empleo en Valladolid generado, principalmente por el sector de la automoción y el sector vitivinícola, lo cierto que es existen amplias capas de población que continúan condenadas a vivir en condiciones muy precarias. Para no crear falsas expectativas es necesario distinguir el tipo de empleo generado por uno y otro sector. El empleo generado en el sector de la automoción es un empleo con garantías laborales sin embargo el del sector vitivinícola, en muchos casos, se trata de un empleo en condiciones laborales muy precarias.

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 Miembros de la plataforma en su ultima reunión en la Casa Cuna. (Fotografía de Marta Olmedo)

Otra situación detectada muy preocupante es la de los menores que crecen en el seno de familias que tienen que vivir por debajo del umbral de la pobreza, al llegar a la edad laboral con muy pocas posibilidades de obtener un empleo que les permita desarrollar una vida con un mínimo de calidad de vida, por no decir que aunque tengan empleo siguen siendo pobres.

Existen algunos focos en la ciudad de Valladolid, y de algunas familias en diversos pueblos de la provincia, en donde el  hacinamiento en sus viviendas, la falta de empleo regular de sus miembros, e incluso en algunos casos la situación de irregularidad de estancia en España, hace que si no se desarrollan medidas para dar respuesta a estas situaciones, se estarán consolidando situaciones de exclusión de muy difícil reversión, con el agravante de que los niños y niñas crecerán  sin opciones de futuro.

Cuando concluyan las reuniones con las entidades que están previstas, la Plataforma Social elaborará unas propuestas dirigidas a dar respuesta a la población en riesgo de exclusión.

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Los familiares de los dependientes solicitan que se recupere la cotización a la seguridad social.

logo-blog-papaAl cumplirse diez años de la aprobación de la ley de la Dependencia, la Plataforma Social de Valladolid se solidariza y se une a las reivindicaciones de la Asociación de la Ayuda a la Dependencia

En el décimo aniversario de esta Ley, la Asociación de Ayuda a la Dependencia reivindica al Gobierno de España la recuperación de la cotización a la seguridad social a los cuidadores familiares.

La Presidenta de la Asociación de Ayuda a la Dependencia, Marta del Valle, “ha demandado que el gobierno de España y la Junta de Castilla y León supriman los recortes realizados a los cuidadores familiares de los menores en situación de dependencia”.

En Castilla y León 24.287 personas en situación de dependencia están atendidas en su entorno familiar, El 29% de un total de 84.963 personas dependientes. Una de cada tres personas dependientes en Castilla y León es atendida por sus familiares.

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Para Esmeralda Tejero, secretaria de la Asociación, tres son las razones necesarias para apoyar a las y los cuidadores familiares:

  1. Por razones humanas, puesto que nadie puede imponer a una familia que no atienda a sus seres queridos, máxime cuando son menores. Porque la atención no sólo son cuidados sanitarios, también es afecto.
  2. Porque no hay centros que puedan prestar servicios a todos los tipos de discapacidades que existen, fundamentalmente cuando se trata de enfermedades raras.
  3. Porque en Castilla y León en el ámbito rural, donde vive la mitad de la población, la única posibilidad de atender a una persona dependiente es con cuidados en su entorno familiar.

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Por eso 10 años después de la aprobación de la ley de la Dependencia, desde la Asociación de Ayuda al Dependiente y Enfermedades Raras de CyL, sigue reivindicando que la prestación por cuidados en el entorno familiar, es la más adecuada para atender a un amplio colectivo de personas con discapacidad que no pueden acceder a otras prestaciones o servicios, fundamentalmente en el caso de los menores, por lo que siguen reclamando al Gobierno de España y al de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que se restablezcan las cotizaciones a la seguridad social para las personas cuidadoras de familiares dependientes y se recuperen las prestaciones económicas que en origen contemplaba la Ley de Dependencia y que han sido recortadas.

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